Formalización minera duplicaría exportación nacional de oro en Perú

Por: Pablo Carranza

 

Un efectivo plan de formalización masiva de la pequeña minería a nivel nacional duplicaría la exportación de oro del Perú, lo cual se traduciría en un incremento de 2% o 3% del PBI y, además, aportaría entre 6,000 o 7,000 millones de soles al erario nacional, sostuvo el expresidente del Congreso Daniel Abugattás Majluf.

En declaraciones al diario La Razón, señaló que la inclusión a la formalización de los mineros artesanales “solamente en el caso de oro duplicaría la exportación del Perú. O sea, es un tremendo salto. Los ‘reyes del PBI’ saltarían hasta el techo. Yo no sé si están calculando todo ese volumen, pero si lo formalizas sería un incremento de 2% o 3% del PBI”.

Toda vez que, según explicó detalladamente, “serían sujetos activos de contribución tributaria inmediata y multiplicando los miles de millones de dólares que están saliendo en oro con un 30% de utilidad, estaríamos hablando de por lo menos de 1.5 billones de dólares, o sea de seis mil o siete mil millones de soles de contribución al erario nacional. Algo superior al que da la gran minería”.

 

BENEFICIOS

En esa línea, Abugattas añadió que “se cubriría largamente la nutrición necesaria para los cinco millones de malnutridos y anémicos que tenemos de población en el Perú. Controlaríamos lo que se llama el hambre crónico, que es una de las primeras tareas y creo que serviría también para crear condiciones de salud elementales para la población andina. Enfocar esos recursos en la lucha contra el hambre y la sanidad elemental que tiene de derecho todo ser humano”.

Por ello, “si tuviéramos la implementación de una formalización real, que va desde lo social, lo laboral y medioambiental con todo lo que involucra ese tipo de minería con un sistema de control, que se pueda fiscalizar, hacer una evaluación real de las condiciones laborales de las personas que trabajan con ellos, de las mujeres, de los niños, sería maravilloso”, dijo.

Respecto a la lucha contra la criminalidad, el excongresista mencionó que “básicamente la protección de la familia evita la trata de personas y prostitución. Quienes han ido a la zona de Caravelí, Puno y Pataz saben que la seguridad ciudadana, es un tema gravísimo, que se agrava con la mayor presencia de informalidad en el sector minero. Pero ¿con qué recursos, con qué plan, con qué estrategia se cuenta para esto? O sea, ¿qué compromiso hay del sector formal minero en establecer condiciones de firmar un contrato social?”.

 

AUTORIDADES

No obstante, acotó que “el problema nuestro no es la minería informal en sí, el problema es que carecemos de autoridades e instituciones que hagan cumplir la ley, ni policía ni autoridades como el Congreso de la República que debería velar por cumplimiento de las normas dentro de los ministerios o la Procuraduría General de la República o la Fiscalía de la Nación. Ninguno está a cargo de hacer cumplir la ley en Perú”.

Cabe destacar que, de las zonas ya mencionadas con presencia de minería informal, la región Madre de Dios es sin duda la más afectada por tratarse de una región amazónica que además está considerada como una de las 25 áreas de mayor biodiversidad del planeta. Sin embargo, los impactos de décadas de actividad minera aurífera informal en esta región han sido devastadores en los bosques de la Reserva Nacional de Tambopata y el Parque Nacional del Manu, junto al Bahuaja Sonene.

 

AL MINEM

Rodolfo García, alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), comentó que la mejor manera de combatir la minería ilegal es a través de la formalización.  Según García, este proceso no solo hará la minería más sostenible, sino que también permitirá medir su impacto de manera efectiva.

Asimismo, García señaló que, en este eje transversal que abarca el ámbito social, también se requieren cambios en el marco legal. Sobre todo, cuestiona si las Direcciones Regionales de los Gobiernos Regionales deben continuar manejando el proceso de formalización o si este debiera regresar al Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

También plantea si la minería ilegal debe estar vinculada exclusivamente a delitos ambientales, considerando que hay otros delitos importantes como los de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo la explotación infantil en las minas.

García subraya la necesidad de un enfoque integral, que combine sanciones e incentivos, para abordar este problema complejo. Con más de 20 instituciones del estado involucradas, la coordinación es fundamental para lograr resultados efectivos. Su rol, dice, es articular todos estos esfuerzos para combatir la minería ilegal de manera eficiente.

 


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