PJ rechazó habeas corpus que buscaba otorgar salvoconducto
El Poder Judicial rechazó la acción de habeas corpus que se presentó en favor de la extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Betssy Chavez, a fin de que se ordene al Poder Ejecutivo la entrega inmediata de un salvoconducto que le permita viajar a México bajo la condición de asilada política.
El juez constitucional de Lima, Iván Cabrera, declaró «improcedente» el recurso interpuesto por el ciudadano Rubén Serpa Valdez, el 25 de noviembre del 2025, en favor de Chávez Chino y de la Embajada de México en Lima contra la Presidencia de la República, la Presidencia del Consejo de ministros, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Poder Judicial y el Ministerio del Interior, por una presunta vulneración a la libertad personal y derechos conexos.
El magistrado también rechazo los extremos de la demanda de habeas corpus en el que se solicita que se ordene al Poder Ejecutivo y a la Policía Nacional que se abstengan de ejecutar cualquier acto material de ingreso, captura o intervención dentro de la embajada, se disponga que ninguna autoridad pueda ingresar por la fuerza, requisar, allanar o intervenir está sede diplomática, se dicten medidas de protección y cautelares urgentes para garantizar la seguridad del recinto y de las personas refugiadas, entre otros pedidos.
Está demanda de habeas corpus fue presentada en respuesta a las declaraciones que brindo el entonces presidente de la república, José Jerí, quien habría manifestado públicamente la posibilidad de ingresar por la fuerza pública a la Embajada de México en Lima para dar cumplimiento a un mandato de prisión preventiva emitido contra Betssy Chávez, lo que constituye una amenaza real, cierta e inminente.
Refiere que, ni el Ministerio Público, ni el Poder Judicial podrían disponer órdenes de captura ejecutables dentro de una embajada extranjera, al carecer de jurisdicción material, lo cual, de ser el caso, constituiría una incorrecta ejecución de un mandato judicial y configuraría una violación internacional que puede generar responsabilidad del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia y los Tribunales Arbitrales y Convencionales Multilaterales.
