Señala que funcionario es la prueba de que no hay meritocracia en el Estado.

La presencia de Gilmer Álvarez en la jefatura de la Sutran, es la clara evidencia de que en la administración pública no hay meritocracia, sino simplemente una repartija, sostuvo el expresidente de la República Manuel Merino, quien también lamentó que a pesar de las 19 denuncias judiciales que tiene el mencionado funcionario aun siga ejerciendo el cargo, al que accedió en el gobierno de José Jerí.

En declaraciones al diario La Razón, el exmandatario expresó que «tanto en el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, es un honor tener un proceso judicial o tener denuncias. El caso de Gilmer Alvarez es una clara evidencia de que aquí no hay meritocracia, lo que hay simplemente es una repartija. Ellos solo ponen a la gente que defiende intereses particulares, no buscan gente decente, honesta y que tiene la voluntad de poder hacer las cosas bien, en este proceso de transición que tiene un proceso electoral encima»

Además, dijo que «hace rato, que debieron sacar a Gilmer Alvarez de la Sutran, pero como es un tema de conveniencia, de repartija, es difícil que lo puedan cambiar. ¿A qué interés se representará ese señor? ¿Con qué agrupación política han hecho alianzas?».

Cabe destacar, que Gilmer Álvarez Zapata, se encuentra en el centro de una fuerte controversia pública tras conocerse que registra 19 denuncias judiciales por diversos presuntos delitos. La situación ha generado críticas desde distintos sectores políticos y sociales, entre ellos el expresidente Manuel Merino, quien cuestionó severamente los mecanismos de selección de funcionarios de alto nivel en el Estado.

«El Congreso debería citar a este señor, y también al ministro de esa cartera que es Transportes y Comunicaciones, pero lamentablemente a este Congreso no se le puede pedir mucho. Mira lo que ha pasado nomás en la elección del presidente José María Balcazar. O sea, se ha dado como prioridad el interés particular de las conveniencias, la repartija en los ministerios, y no tomar el interés prioritario», aseveró.

Álvarez Zapata fue designado en noviembre pasado durante la gestión del expresidente José Jerí, en una decisión que en su momento no generó mayor debate público. Sin embargo, difusión de su historial judicial ha encendido las alarmas respecto a la rigurosidad de los filtros aplicados antes de su nombramiento.

Según la información difundida, entre las denuncias que figuran en su contra se encuentran presuntos casos de abuso de autoridad, estafa, sustracción y persecución penal indebida, usurpación de funciones, violación de la presunción de veracidad y peculado de uso. No obstante, la acusación que más impacto ha causado en la opinión pública es una denuncia por presunta violencia de género interpuesta por su expareja y madre de su hijo, lo que ha intensificado el debate sobre la idoneidad ética de quienes ocupan posiciones estratégicas en la administración pública.

No obstante, Manuel Merino indicó que «los filtros para seleccionar a los funcionarios, los hay, lo que pasa es que no los están utilizando. Hasta Google puedes utilizar como filtro, y ahí encuentras todos los procesos que tienen esas gentes. Pero, salen premiados también. Buscan gente de esa categoría para ponerlos en los cargos por los intereses particulares que tienen ellos, no por el interés nacional de poder hacer las cosas bien».

Como se recuerda, la Sutran cumple un rol clave en el país, dado que es el organismo encargado de fiscalizar el transporte terrestre de personas, carga y mercancías, supervisar el cumplimiento de normas técnicas y de seguridad vial, y sancionar infracciones en el sistema de transporte. Su función incide directamente en la seguridad de millones de ciudadanos y en la regulación de un sector vital para la economía nacional. Por ello, el perfil de quien dirige la entidad resulta determinante para la confianza institucional.

En ese contexto, el expresidente Merino manifestó su preocupación por la falta de filtros rigurosos en la designación de altos funcionarios. Señaló que el Estado debe garantizar procesos de evaluación exhaustivos que incluyan la verificación detallada de antecedentes judiciales, investigaciones en curso y denuncias vigentes. “No se trata solo de cumplir requisitos formales, sino de asegurar la solvencia moral y profesional de quienes asumen responsabilidades públicas”, expresó.

El pronunciamiento ha reavivado una discusión más amplia sobre la calidad de los mecanismos de selección en el aparato estatal. Especialistas en gestión pública advierten que, si bien toda persona mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme en su contra, la acumulación de múltiples denuncias puede constituir un factor de riesgo reputacional y afectar la credibilidad de las instituciones.

Organizaciones de la sociedad civil también han intervenido en el debate, especialmente en lo referido a la denuncia por violencia de género. Diversos colectivos sostienen que las entidades públicas deben aplicar estándares de integridad más estrictos cuando se trata de casos vinculados a este tipo de acusaciones, dado el mensaje simbólico que transmite la permanencia de un funcionario cuestionado en un cargo de autoridad.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre una eventual revisión del nombramiento ni sobre medidas administrativas internas. La permanencia de Álvarez Zapata en la jefatura de la Sutran continúa, mientras crecen las voces que piden mayor transparencia y explicaciones por parte del Ejecutivo.