Durante estado de emergencia
En medio de un periodo crítico para su jurisdicción, actualmente en su tercer mes de estado de emergencia debido a la alta criminalidad, el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, solicitó oficialmente al Consejo Regional la autorización para ausentarse de su cargo por más de un mes, por motivos personales y sin goce de haber.
César Acuña envió el Oficio N° 001321-2024-GRLL-GOB a Ever Cadenillas Coronel, presidente del Consejo Regional de La Libertad, indicando su solicitud de ausentarse del cargo en cuatro periodos distintos entre mayo y diciembre de este año.
- Del 24 de mayo al 1 de junio
- Del 28 de julio al 8 de agosto
- Del 4 al 13 de octubre
- Del 11 al 19 de diciembre
El documento enviado a Ever Cadenillas Coronel el 13 de mayo indica que César Acuña se ausentará de su puesto como gobernador durante un total de 40 días. Si se aprueban las licencias en las fechas solicitadas, la vicegobernadora doctora Joana del Rosario Cabrera Pimentel, asumirá el despacho.
En su solicitud de licencia, Acuña aclaró que estará disponible virtualmente en caso de emergencia o si se requiere su intervención, según lo expresado en el oficio.
Actualmente, la región se encuentra en su tercer mes de emergencia, como resultado del segundo estado de emergencia declarado por el gobierno de Dina Boluarte, que se extenderá hasta mediados de junio de este año. Este contexto marca el pedido de César Acuña.
Debido a la intensificación de la actividad delictiva en Trujillo y Patáz, el Gobierno decidió prorrogar el periodo de emergencia, que comenzó en febrero de este año y originalmente estaba programado para finalizar en abril. En respuesta, se ha aumentado la presencia de agentes de la Policía Nacional del Perú y el Ejército en las calles.
A pesar de los esfuerzos de las fuerzas del orden, liderados por Víctor Revoredo, jefe de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (PNP), y los constantes operativos y presencia en Trujillo y Patáz, persistieron actividades criminales como extorsiones, robos y ataques a la infraestructura minera.
La medida adoptada por el Gobierno generó descontento entre los ciudadanos de las zonas norteñas del Perú debido a la difícil situación que están atravesando.
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