Tribunal también le impone S/100 mil de reparación civil
El caso que involucra a Rosa Vásquez Cuadrado tomó relevancia nacional luego de que el Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Ate determinó su responsabilidad en el delito de peculado doloso agravado.
El fallo dictado establece una condena de nueve años y cinco meses de prisión para la funcionaria, además de la obligación de afrontar una reparación civil de S/ 100 mil.
Estos hechos se enmarcan en un conjunto de presuntas irregularidades detectadas en procesos de contratación y adquisiciones de bienes y servicios durante la gestión de Vásquez Cuadrado entre 2023 y 2025.
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Las indagaciones se centraron en la existencia de contratos sospechosos y adjudicaciones a empresas específicas. Medios informaron que esta medida adoptada por el tribunal podría quedar suspendida si se presenta un recurso y es revisada por una instancia superior, pero mientras tanto la sentencia permanece firme y ha provocado repercusiones inmediatas en el ámbito político y administrativo de la región.
El proceso judicial, impulsado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura y respaldado por evidencia recabada por la Policía Nacional a través de la Dircocor, no solo involucra a la gobernadora, sino que también implica a integrantes de su gestión. La Fiscalía sostiene que un grupo de funcionarios habría facilitado, de manera intencionada, la contratación de CESOLIV Servicios Generales E.I.R.L., empresa señalada por beneficiarse de adjudicaciones irregulares.
La justicia determinó una pena de cárcel efectiva para Rosa Vásquez Cuadrado, actual titular regional, a raíz de anomalías en licitaciones y contratos públicos durante su mandato en Lima entre 2023 y 2025.
El fiscal Cristian Manrique detalló que son ocho los investigados en el proceso actual. La pesquisa no se limita solo a su reciente administración: también se rastrean posibles delitos cometidos por Vásquez Cuadrado en su anterior rol como alcaldesa de la provincia de Huarochirí. Allí, las autoridades detectaron deficiencias en la ejecución de obras públicas y la gestión de recursos municipales, lo que añadía elementos al expediente en su contra.
