Ministro de Justicia respeta competencias del Congreso
Gobierno aceptará la decisión del Pleno del Congreso de remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Ysa, adelantó que respetará el veredicto del Parlamento Nacional.
Ante el riesgo de remoción de todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, tras el proceso emprendido por el Congreso de la República, el titular de Justicia emitió un respaldo a la decisión que vaya a tomar el Pleno, el cual requiere de 87 votos —de 130 posibles— para la destitución de los siete magistrados.
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“Lo que yo veo es un informe de una comisión que va a tener que pasar por el Pleno y en su momento tendrán que analizarlo, citar a las partes y votarlo. Consideramos que la base de la institucionalidad es la separación de poderes, pero también el respeto a los demás, en ese sentido vamos a actuar en función de lo que en su momento (se decida). Respetamos que cada institución cumpla su tarea”, declaró.
En tanto, para aprobarse la remoción de los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia se necesita una votación de los 2/3 del Parlamento: en la práctica son 87 votos. La votación cada caso por separado o todo junto dependerá de cómo se acuerde previamente.
El tema probablemente se vea durante la primera semana de noviembre, cuando los congresistas retornen de su semana de representación. A su vuelta, se decidirá en reunión de Junta de Portavoces cuándo entrará al Pleno para su debate y votación, aunque el tema podría dilatarse si es que las bancadas que impulsan la remoción de la JNJ no logran los consensos para llegar a los 87 votos.
De otro lado, la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima programó para el próximo viernes 24 de noviembre del 2023 la audiencia en que se revisará la acción de amparo presentada por los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), encabezados por su presidenta, Imelda Tumialán. Esto luego de que la misma instancia admitiera a trámite el recurso que busca que se deje sin efecto todo lo relacionado con la investigación y la posible remoción de los magistrados.
