El contrato fue aprobado un día después de emitirse un decreto que ordena reducir el gasto público.
La Presidencia de la República autorizó la contratación de una defensa legal especializada para el expresidente Ollanta Humala en el caso Gasoducto Sur Peruano, con un presupuesto aprobado de S/ 291,600. La decisión fue formalizada a través de un procedimiento de contratación directa no competitiva, convocado por el Despacho Presidencial el pasado viernes, según documentos difundidos por Canal N.
El exmandatario enfrenta un proceso judicial en calidad de imputado por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada, en el marco de una investigación que involucra también a 22 acusados, entre exfuncionarios y representantes de empresas privadas. La defensa técnica será desplegada durante la etapa intermedia del proceso, que se encuentra en el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.
La medida ha generado controversia debido a que la contratación se aprobó apenas un día después de la publicación de un Decreto de Urgencia que ordena reducir el gasto estatal y optimizar los recursos públicos ante el déficit fiscal. A pesar de ello, el Ejecutivo sustentó la decisión en el literal i) del numeral 55.1 del artículo 55° de la Ley de Contrataciones del Estado, que permite contrataciones no competitivas en casos de servicios especializados. El expediente fue aprobado el 6 de noviembre de 2025, con cargo a recursos ordinarios del Estado.
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El proceso de selección, identificado con el código N° 005-2025-DP-1, fija condiciones precisas sobre los servicios legales, incluyendo la experiencia mínima del abogado, los plazos de ejecución y las modalidades de pago. Se prevé un desembolso del 40% al inicio del contrato y del 60% al finalizar la prestación. Además, se establece que cualquier controversia será resuelta por arbitraje, y que el profesional debe estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores.
La investigación fiscal forma parte de la vigésima sexta acusación del Equipo Especial Lava Jato, que atribuye a Humala la dirección de una presunta red delictiva que habría manipulado procesos de contratación pública durante su gobierno para favorecer a consorcios vinculados con Odebrecht. El Gasoducto Sur Peruano, adjudicado por más de 7 mil millones de dólares, es una de las obras emblemáticas bajo sospecha de corrupción.
De acuerdo con la Fiscalía, los funcionarios implicados habrían pactado acuerdos ilegales y recibido pagos encubiertos, lo que podría configurar también lavado de activos. Entre los imputados figuran exautoridades del Ministerio de Energía y Minas, reguladores y empresarios, todos sindicados como parte de una estructura que causó perjuicio económico al Estado.
Ollanta Humala cumple actualmente una condena de 15 años de prisión por el delito de lavado de activos agravado, vinculado a los aportes irregulares al Partido Nacionalista. La sentencia fue dictada en abril por el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, que también impuso una reparación civil de S/ 10 millones. Su esposa, Nadine Heredia, fue condenada en el mismo proceso, aunque se encuentra asilada en Brasil tras solicitar protección diplomática el día de la lectura de sentencia.
El pedido de defensa legal fue presentado por Humala el 11 de agosto, meses antes de conocerse la condena en el otro caso. La Oficina General de Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial respaldó su solicitud, argumentando que los hechos imputados ocurrieron durante su gestión como jefe de Estado, lo que justifica la intervención del Ejecutivo. El contrato aprobado cubre únicamente la etapa intermedia del proceso, sin incluir una eventual representación en juicio oral.
