Informe del Ministerio de Justicia recomienda destituir al procurador General del Estado suspendido, dejando a Javier Pacheco como titular
El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha avanzado en los primeros pasos para concretar el objetivo que su predecesor, Pedro Castillo, había iniciado en enero de 2022: la remoción definitiva de Daniel Soria de la Procuraduría General del Estado, un funcionario que ha sido considerado problemático por las dos últimas administraciones. La estrategia se ha iniciado con un informe del Ministerio de Justicia que recomienda la destitución del exprocurador suspendido, basándose en acusaciones previas de falta de idoneidad que ya habían sido abordadas.
El informe N° 001-2023-JUS/CAHOIPAD, al que el medio de comunicación, Infobae Perú tuvo acceso, es parte del procedimiento administrativo disciplinario iniciado contra el servidor Daniel Soria Luján, en su calidad de «Procurador General del Estado«. Este informe fue presentado al actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, el miércoles 7 de febrero.
Sin embargo, la resolución del informe no se notificó a Daniel Soria hasta la semana pasada, a través de un oficio que le informaba sobre la recomendación del documento y le ofrecía la oportunidad de presentar sus descargos ante los resultados de la comisión designada. Esta comisión actuó después de la advertencia de que en el nombramiento de Soria se había producido «una omisión en el proceso de evaluación y cumplimiento de los requisitos para que el señor Daniel Soria Luján sea designado«.
Informe recomienda su ‘destitución’ y el proceso para que se concrete
Según el informe, elaborado por tres funcionarios designados por el ministro Eduardo Arana, Luigino Pilotto Carreño, Armando Miguel Subauste Bracesco y Tiberio Cayo Robles Yanoc, concluyeron que «existen indicios suficientes que acreditan que el servidor (Daniel Soria) ha vulnerado los principios de probidad, idoneidad y veracidad» establecidos en la ley orgánica que crea la Procuraduría General del Estado.
Como consecuencia de estas supuestas vulneraciones, la Comisión designada para investigar el asunto, que ha sido objeto de controversia desde 2022, cuando Aníbal Torres expresó su descontento con Soria, consideró que «conforme a lo expuesto y de acuerdo con los hechos y argumentos desarrollados en el presente informe, el Órgano Instructor (…) recomendamos a vuestro despacho que la sanción a imponerse debe ser la destitución«.
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No obstante, esta decisión no entra en vigencia de inmediato, ya que corresponde a la primera etapa de un proceso disciplinario, que es la fase de instrucción. Después de que este documento sea notificado al Ministro de Justicia, se procede a una segunda y última fase, que es la de sanción, durante la cual el ministro de Justicia solicita los descargos de Daniel Soria a través de la presentación de un informe oral.
Informes sí le dieron la razón a Daniel Soria, pero auditores los cuestionaron
Como se ha mencionado, las acusaciones contra Soria Luján se fundamentan en la afirmación de que no cumplió con los requisitos de experiencia en la defensa jurídica del Estado. Se argumenta que para ocupar el cargo de Procurador General del Estado, se necesitaba haber trabajado previamente como procurador específicamente, aunque este requisito no estaba precisado en la normativa.
En una entrevista con el medio de comunicación, Infobae Perú, Daniel Soria, actualmente suspendido como procurador General del Estado, negó rotundamente haber violado esos requisitos y afirmó que esto es simplemente una excusa para removerlo de su cargo, un intento que viene siendo tramado desde el 2022. «En la línea de lo que se ha desarrollado en este procedimiento, es claro que la decisión que va a adoptar el ministro de Justicia va a ser la destitución«, afirmó el exprocurador.
Además, afirmó que «tanto la oficina de recursos humanos de la procuraduría general del Estado, como la oficina de recursos humanos del Ministerio de Justicia emitieron sendos informes donde llegaron a la conclusión de que yo cumplía los requisitos, y es ahí donde salen los auditores a detallar la existencia del informe que inicialmente me señalaban como ‘no idóneo’«.
“El hecho ilícito que se me atribuye es que he presentado información inexacta al momento de presentar mi documentación para que evalúen mi designación como procurador general en febrero del 2020; lo cual yo rechazo totalmente porque toda la información que presenté refleja de manera fiel las labores que yo hacía en la Defensoría del Pueblo en la oficina de asuntos constitucionales. Rechazo que sea la información inexacta, si no que, al contrario, corresponde a la información integral”, afirmó Soria Luján en conversación con este medio.
Gobierno buscaría una Procuraduría “más afín” a sus políticas
El procurador suspendido también afirmó que acciones como estas buscan socavar la autonomía de la Procuraduría General del Estado. «El año pasado, a fin de año, el premier Otárola hizo una suerte de balance de fin de año y, a propósito de mi suspensión, dijo que yo me había extralimitado de mis funciones y ya el procurador se había convertido en una especie de fiscal o juez y esa es una afirmación que también rechazo«, comentó.
Según Soria, su función era defender los intereses del Estado. «Es evidente que no me puedo comportar con un fiscal, que es el que dirige la investigación penal y mucho menos como un juez, que es el que decide«, agregó.
A raíz de estos acontecimientos, el procurador ha presentado nuevamente una demanda de amparo ante el Poder Judicial, con el objetivo de recuperar los derechos que inicialmente le fueron restituidos y que resultaron en su retorno a la Procuraduría General del Estado a finales de 2022.
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