El Poder Ejecutivo ha propuesto una medida controvertida en un proyecto de ley que busca incluir el delito de «terrorismo urbano», con sanciones de hasta 15 años de prisión para quienes protesten en las calles.
Esta normativa apunta a castigar a aquellas personas que, mediante violencia o amenazas, bloqueen vías, interrumpan el libre tránsito o interfieran en el funcionamiento de servicios públicos para obtener ventajas de las autoridades.
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El proyecto, enviado al Congreso por el Ejecutivo con la aprobación del Consejo de Ministros, propone modificar los artículos 108-C, 108-D y 200 del Código Penal, además de incluir el artículo 315-O. La propuesta llega en medio de un contexto de creciente inseguridad ciudadana y plantea severas penas para quienes realicen actos considerados como aprovechamiento a través de la protesta. Aunque el gobierno sostiene que estas medidas fortalecerán la lucha contra la inseguridad, críticos afirman que responde más a un enfoque populista que a una solución efectiva.
El Pleno del Congreso discutirá esta propuesta el 3 de octubre, junto a otros proyectos de ley relacionados con el combate a la inseguridad. Por otro lado, el gobierno de Dina Boluarte también impulsa cambios en las declaraciones de estado de emergencia, buscando que las denuncias contra miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, relacionadas con actos en el ejercicio de sus funciones, sean procesadas por tribunales militares.
