La medida, oficializada por Decreto Supremo, busca implementar acciones inmediatas para reducir el riesgo y rehabilitar las zonas afectadas ante la escasez de agua en la región.
El Poder Ejecutivo ha declarado estado de emergencia en 34 distritos de siete provincias de la región Piura debido al riesgo inminente causado por la falta de agua. La disposición tendrá una vigencia de 60 días y se dio a conocer a través de un Decreto Supremo publicado en una edición especial del diario oficial El Peruano. Con esta decisión, el Gobierno pretende coordinar e implementar acciones de emergencia que permitan reducir el riesgo existente y brindar respuesta y rehabilitación en las zonas afectadas.
La declaratoria de emergencia establece que los gobiernos regionales y locales de Piura contarán con el apoyo del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para coordinar las acciones técnicas necesarias. Además, recibirán el respaldo de diversos ministerios, entre ellos, el de Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Producción, Interior, Defensa, y Desarrollo e Inclusión Social, junto a otras instituciones públicas y privadas.
Según el decreto, todas las acciones deben estar directamente relacionadas con la emergencia y serán ajustadas en función de las necesidades que surjan durante la implementación. Asimismo, las intervenciones deberán basarse en estudios técnicos de las entidades competentes para garantizar la seguridad y eficacia de las medidas adoptadas.
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El financiamiento de estas acciones provendrá del presupuesto institucional de cada entidad involucrada, sin que se destinen recursos adicionales del Tesoro Público. El decreto supremo cuenta con el respaldo del presidente del Consejo de Ministros y los ministros de los sectores implicados, quienes refrendan la normativa para ejecutar medidas excepcionales.
La declaratoria de emergencia responde a la situación crítica que enfrenta Piura por el déficit hídrico, afectando directamente a sus pobladores y a la actividad agrícola de la región. Con la implementación de estas medidas, el Ejecutivo busca minimizar el impacto de la sequía y garantizar el bienestar de las comunidades afectadas.
