La medida busca proteger la liquidez de las micro y pequeñas empresas frente a los efectos económicos del evento climático. 

El Gobierno peruano aprobó un paquete de medidas financieras que contempla hasta S/ 2.000 millones en garantías para respaldar créditos y reprogramaciones de préstamos de las micro y pequeñas empresas (MYPE), ante los posibles impactos del Fenómeno El Niño 2026-2027.

La disposición fue oficializada mediante el Decreto de Urgencia N.° 015-2026, publicado este sábado 31 de octubre en el diario oficial El Peruano. A través de esta norma, se autoriza a la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), como administradora del Fondo CRECER, a utilizar recursos disponibles para respaldar el financiamiento otorgado por entidades financieras y cooperativas autorizadas.

El objetivo es evitar que las interrupciones de actividades productivas, la disminución de ventas o los problemas de liquidez ocasionados por las condiciones climáticas afecten la capacidad de pago de los pequeños negocios, especialmente en los departamentos declarados en estado de emergencia.

¿Cómo funcionarán las garantías?

La cobertura estatal dependerá del monto del préstamo. Para créditos de hasta S/ 30.000, alcanzará el 90%; en aquellos que oscilen entre S/ 30.001 y S/ 90.000, llegará al 80%; mientras que para financiamientos de S/ 90.001 hasta S/ 300.000 será del 70%.

Los negocios dedicados a actividades agropecuarias, pesqueras y acuícolas tendrán porcentajes superiores, con coberturas de hasta 95%, 90% y 80%, respectivamente.

La norma también contempla facilidades para quienes cuentan con préstamos respaldados por el programa Impulso MyPerú. Las entidades financieras podrán evaluar reprogramaciones con hasta nueve meses adicionales para pagar, plazo que podrá ampliarse a doce meses para los sectores agropecuario, pesquero y acuícola. Asimismo, se podrá conceder un periodo de gracia parcial de hasta tres meses, durante el cual se abonarán únicamente intereses y comisiones.

Las empresas interesadas podrán acogerse a este mecanismo hasta el 30 de abril de 2027, previa evaluación de la entidad financiera. Con estas disposiciones, el Ejecutivo busca mantener el acceso al crédito y reducir el riesgo de que la emergencia climática comprometa la continuidad de miles de pequeños negocios.