Nueva disposición modifica la reforma previsional y deja sin efecto la obligación de contribuciones para trabajadores independientes, en medio del debate sobre el futuro del sistema de pensiones.
El Gobierno dispuso la eliminación de la obligación de aportes previsionales para los trabajadores independientes a partir del año 2028, en un giro importante dentro de la reforma del sistema de pensiones que había generado amplio debate en los últimos meses.
La medida deja sin efecto uno de los puntos más cuestionados de la normativa anterior, que establecía que los trabajadores que emiten recibos por honorarios debían contribuir de manera obligatoria a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) o a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), con tasas progresivas que iniciarían en 2% de sus ingresos.
Con esta decisión, el aporte volverá a ser voluntario para este grupo de trabajadores, que representa un porcentaje significativo de la población económicamente activa en el país. Según cifras oficiales, más del 70% de los peruanos se desempeña en condiciones de informalidad o bajo esquemas independientes, lo que hacía especialmente sensible la aplicación de esta obligación.
La eliminación de esta exigencia se da en un contexto de presión política y social, donde distintos sectores habían cuestionado la medida por considerar que afectaba los ingresos de quienes no cuentan con estabilidad laboral ni ingresos fijos. En ese sentido, el Congreso ya había aprobado iniciativas orientadas a retirar o modificar este requisito dentro de la reforma previsional.
Especialistas advierten que, si bien la eliminación del aporte obligatorio puede aliviar la carga económica inmediata de los trabajadores independientes, también podría tener efectos a largo plazo en la cobertura del sistema de pensiones. Uno de los principales objetivos de la reforma era precisamente ampliar la base de aportantes para garantizar pensiones en el futuro.
Pese a ello, desde el Ejecutivo se ha defendido la medida como una forma de dar mayor flexibilidad a los ciudadanos, permitiéndoles decidir cómo administrar sus ingresos en un contexto económico aún desafiante.
