El Ejecutivo envió al Congreso un paquete de 27 medidas para enfrentar la delincuencia.
El Gobierno busca enfrentar la delincuencia ante el incremento de extorsiones, sicariato y delitos vinculados a organizaciones criminales. La lucha contra la delincuencia es crítica. Por ello, solicitó facultades legislativas por 60 días para actuar en seguridad ciudadana, crecimiento económico y fortalecimiento del Estado.
Paquete de normas para enfrentar la delincuencia
El Gobierno presentó un conjunto de 27 medidas que conforman su paquete de normas para enfrentar la delincuencia, elaborado con aportes de expertos en inteligencia, técnicos y policías en retiro. La propuesta busca marcar un nuevo escenario en la gestión de la seguridad ciudadana.
Refuerzo de inteligencia y nuevas herramientas legales
Entre los puntos centrales del paquete de normas para enfrentar la delincuencia, se plantea fortalecer las labores de inteligencia para combatir extorsiones incluso sin denuncia previa. También se propone endurecer sanciones por tenencia ilegal de armas e incorporar delitos relacionados con la revelación de información reservada durante investigaciones.
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Cambios en el Código Penal y procesos migratorios
El paquete incluye la creación de nuevos tipos penales, la ampliación del concepto de flagrancia para casos de sicariato y explosivos, y mayores penas por resistencia a la autoridad. Además, el Gobierno propone ajustes en los procedimientos migratorios para refugiados y personas apátridas como parte de la estrategia para enfrentar la delincuencia.
Obligaciones para empresas de telecomunicaciones
La iniciativa incorpora mayores responsabilidades para las empresas de telefonía móvil, que deberán agilizar la entrega de información a las autoridades. También se sancionaría el suministro ilegal de telefonía en centros penitenciarios y se plantea una reorganización del INPE.
Revisión congresal en marcha
El Congreso deberá evaluar el paquete de normas para enfrentar la delincuencia para determinar su impacto y garantizar que las modificaciones penales no limiten el acceso a información relevante en investigaciones sobre corrupción u otros delitos.
El Ejecutivo espera que este paquete de medidas permita fortalecer la respuesta estatal frente al avance del crimen organizado y mejorar los mecanismos operativos de seguridad en el país, mientras el Congreso define su aprobación.
