La subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó inhabilitar por 10 años a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). ¿Está de acuerdo con la decisión?
Esa medida constituye un paso positivo en defensa del Estado de derecho y de la legalidad, porque los miembros de la JNJ cometieron una gravísima infracción al prolongar irregularmente su mandato. La Constitución es clara al señalar, en su artículo 165, que para ser integrante de la JNJ se necesita tener más de 45 años y ser menor de 75; o sea, 75 años es el límite de permanencia en el cargo, pero la Junta, con angurria burocrática, despreciando el ordenamiento jurídico, ha extendido su mandato. Además, proyectaron un manejo sesgado, arbitrario. Primero, enviando una carta al Congreso de apoyo indirecto a la señora Zoraida Avalos, para evitar que la suspendan. Y, en el caso de la fiscal Patricia Benavides, actuaron al revés, porque la suspendieron sin investigarla ni escuchar sus descargos, en base a la copia de un chat del celular del asesor Villanueva. Ese fue un acto de barbarie que no debe quedar impune.
¿Y en los casos de los fiscales?
La JNJ ha visto, como todos los peruanos, el video del ex Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ordenando a un fiscal suspender una diligencia de exhibición voluntaria de documentos al IDL. Hacerlo está prohibido, es ilegal, pero Sánchez no ha sido suspendido. En esa línea, ocurre lo mismo con José Domingo Pérez, acusado de filtrar documentos reservados, incluyendo una queja presentada hace 4 años por el ex miembro del TC, José Luis Sardón, imputándole filtrar a IDL su testimonio sobre el hábeas corpus presentado por la señora Fujimori, pero la JNJ mantiene silencio. Peor, imposible.
¿Usted cree que algunos jueces y fiscales han manipulado la justicia?
El desprestigio del Ministerio Público es absoluto, no solo por la manipulación política de muchas resoluciones, sino porque han liberado delincuentes avezados como hicieron en noviembre del año pasado con 28 integrantes de la banda criminal del Tren de Aragua capturados en Pachacamac. A lo dicho, se suman los casos de los fiscales José Domingo Pérez y de Vela Barba… figuretis, ineptos, de pésima actuación en el caso Odebrecht, empresa corrupta que con otro nombre sigue contratando con el Estado. Durante cuatro años esos magistrados recorrieron medios de prensa declarando lo que les vino en gana, incluyendo que destituyeran al Fiscal de la Nación, Pedro Chavarry. La oficina de control interno de la fiscalía y la JNJ los dejaron actuar por miedo o complicidad. No se puede utilizar la justicia como manopla política, pero ellos lo hicieron para perseguir y ensañarse con mucha gente. Han hecho añicos su institución y lo dicho por el asesor Villanueva es solo una parte de la podredumbre, de la miasma, que se está descubriendo.
¿Está comprobada su relación con Gorriti?
¿Alguien lo duda? En la medida cautelar presentada por esos fiscales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA los representan legalmente el IDL. Más evidencia imposible.
Ahora el legislador Alejandro Cavero ha presentado una denuncia constitucional contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones por permitir la inscripción del partido de Antauro Humala. ¿Comparte esa denuncia?
Salas Arenas es un personaje patético. Ha dañado la imagen del Perú haciendo un escándalo internacional, al presentarnos como un país de asesinos, pidiendo protección a la ONU, OEA, Unión Europea y todos los organismos de derechos humanos, diciendo que lo quieren matar. Se victimiza para continuar en el cargo y conseguir protección que ha conseguido porque ahora lo cuida un escuadrón policial.
¿Por qué Salas Arenas no permitió la participación de su partido en las últimas elecciones?
Nos eliminó arbitrariamente al APRA y al PPC del proceso electoral para beneficiar a Perú Libre, que no podía inscribir su fórmula presidencial porque solo había un candidato a la vicepresidencia, la señora Boluarte, que no podía postular porque era parte del sistema electoral como funcionaria del RENIEC. El 2023 el Tribunal Constitucional emitió una sentencia señalando que la decisión de Salas Arenas vulneró “el derecho a la participación política” del APRA. Después de esa resolución esperábamos que la Corte Suprema designe otro presidente, pero no lo hacen.
¿Estamos en una crisis terminal?
En el sistema de justicia, sí. Todo debe ser cambiado, comenzando con enviar a su casa a los fiscales supremos y a los miembros de la JNJ. El Consejo de Estado debe hacer propuestas y una comisión multipartidaria del Congreso seleccionar a magistrados honorables, independientes. Esta crisis solo beneficia a sectores radicales, como Antauro Humala, porque los peruanos ven que acá no se sanciona a nadie. Miren a Vizcarra, destituido por corrupción e inhabilitado diez años, paseándose por el Perú con autorización judicial, haciendo tik toks, enseñando su lagartito. Cada vez que lo vemos, o que vemos a otros denunciados caminar tranquilamente, Humala crece. No lo dude.
