En Lambayeque, el nombre de Olmos no solo evoca tierras fértiles y promesas de desarrollo. Hoy también es sinónimo de disputa política y desconfianza ciudadana. El contrato de concesión con Odebrecht (ahora Novonor) vence este 25 de septiembre, y aunque desde Lima el Gobierno ha dicho claramente que no habrá renovación con una empresa manchada por la corrupción, en la región Lambayeque, algunos parecen tener otros planes.
El gobernador Jorge Pérez Flores no solo ha abierto la puerta a que la concesionaria Trasvase Olmos (CTO) siga en carrera, sino que hasta la ha defendido públicamente. Según él, si se rompe el contrato, el Estado tendría que “alistar la billetera” para compensar a los agro-inversionistas. ¿Defensa del agro lambayecano o alineamiento con una empresa cuestionada? La pregunta queda abierta.
El PEOT, brazo técnico del GORE, tampoco se ha quedado atrás. En septiembre del año pasado, recomendó renovar el contrato con la CTO, pese a que la represa Limón —el corazón del sistema— ya muestra un 60% de colmatación por sedimentos. En vez de exigirle a la concesionaria que asuma su responsabilidad, planteó elevar la presa a 85 metros, con un costo de 285 millones de dólares. ¿Y quién pagaría la cuenta? Otra vez, el Estado.
Desde Palacio, la postura ha sido firme “No se va a renovar ese contrato, porque no hay condiciones y porque en el Estado peruano no nos casamos con la corrupción”. Desde Presidencia se ha dispuesto que, apenas venza el contrato, el PEOT tome la posta de manera transitoria hasta convocar un concurso internacional. Incluso el Congreso publicó, el 2 de agosto de 2025, una ley que transfiere el control al Estado y prohíbe cualquier renovación con Odebrecht.
Pero la insistencia del GORE y el PEOT en mantener a la cuestionada empresa no pasa desapercibida. Voces como la del excongresista Víctor Andrés García Belaunde han denunciado una posible colusión entre autoridades y la concesionaria, lo que alimenta la desconfianza de la gente. Esto se ve confirmado con la reciente información sobre un posible convenio que permitiría la permanencia de Odebrecht frente al proyecto en una pseudo “etapa de transferencia”.
Mientras tanto, firmas internacionales como Techno Project (México), Equans (Suiza) y White Water (Canadá) ya han mostrado interés en asumir el proyecto. Sin embargo, la demora en la convocatoria y la falta de transparencia mantienen en vilo a miles de agricultores que dependen de este recurso vital.
Lo último, según las recientes declaraciones del gerente general del PEOT, Luis Piedra, no estarían frente a las mejores circunstancias para asumir dicha administración ¿qué están pretendiendo? ¿qué plan alternativo tiene el ejecutivo? Son preguntas que deben responderse.
Olmos fue pensado como el gran motor agrícola de Lambayeque, pero no puede seguir siendo rehén de intereses oscuros ni de arreglos bajo la mesa. Lo que está en juego es más que un contrato: es el futuro del agua y de miles de hectáreas productivas que sostienen la vida de nuestra región




