Según medidas en materia de seguridad incluidad en pedido de facultades
El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori presentó ante la Cámara de Diputados del Congreso el proyecto de pedido de delegación de facultades legislativas. El paquete contempla 66 pedidos distribuidos en ocho materias, con un plazo de 120 días.
“Si todos estos pedidos tienen que ver con tener mejor seguridad, con enfrentar mejor a estos delincuentes, con incluso tener sanciones más drásticas, el sistema penitenciario y los beneficios penitenciarios […] yo creo que todos los diputados van a estar de acuerdo”, declaró el premier Luis Galarreta.
Este pedido incluye, entre sus medidas más notorias en materia de seguridad, la declaración de grupos criminales como organizaciones terroristas y la autorización para que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) custodien el perímetro externo de los centros penitenciarios.
La propuesta en seguridad ciudadana habilitaría al Estado para clasificar y registrar formalmente a las organizaciones criminales. Ello implicaría que las normas especiales para combatir el terrorismo puedan ser aplicadas para combatir la ola de criminalidad.
En paralelo, las FF. AA. tendrían una participación excepcional y temporal en la custodia externa de los penales, además de funcionar como apoyo operativo a la Policía Nacional del Perú (PNP).
El pedido de facultades también contemplaría la creación de un registro de libertad vigilada postpenitenciaria para reclusos de alta peligrosidad, con el objetivo de mantener un seguimiento de quienes egresan del sistema penal.
A ello se sumaría una modificación a la normativa de telecomunicaciones para agilizar la identificación, geolocalización y bloqueo de teléfonos y dispositivos móviles utilizados de forma ilícita desde penales y centros juveniles. Las empresas operadoras como Movistar, Claro y Entel recibirían sanciones cuando se detecten comunicaciones ilegales procedentes de esos recintos.
MÁS PROPUESTAS
En materia tributaria, se buscaría ampliar el mecanismo de Servicios por Impuestos (SxI) para financiar infraestructura de defensa civil y la construcción de viviendas rurales para damnificados por desastres naturales. También se prohibiría la importación de mercancías elaboradas con trabajo forzoso.
En el ámbito financiero, el Ejecutivo eliminaría los topes a las tasas de interés que el Congreso anterior (ley contra la usura), y los reemplazaría con un marco normativo de mayor transparencia en la contratación de productos financieros.
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) también figuraría en el paquete. Se facultaría a esta entidad entregar bienes de ayuda humanitaria de forma directa durante los primeros 15 días de una emergencia, sin necesidad de esperar el pedido previo de los gobiernos locales o regionales afectados. Esa medida apuntaría a agilizar la respuesta ante el fenómeno de El Niño Costero.
El pedido de facultades legislativas no incluiría referencias a la reducción ni fusión de ministerios.
La Comisión de Constitución y Reglamento tendría a su cargo el estudio y dictamen del proyecto, con posibilidad de solicitar opinión a otras comisiones ordinarias. Luego pasaría al Pleno y, de ser aprobado, al Senado para su revisión.
