En la ceremonia de inicio del año judicial 2024, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, cuestionó que el Congreso pretenda crear una comisión de alto nivel para reformar el sistema de justicia, entre ellos que la facultad de destituir a jueces y fiscales sea atribución del Parlamento y no de la Junta Nacional de Justicia.
«Ningún proyecto de reforma debe pasar sin previo debate y previa consideración del Poder Judicial. No aceptaremos ninguna otra posibilidad», precisó en su discurso.
En su mensaje, el titular de la Corte Suprema cuestionó dos iniciativas emprendidas en el Congreso – con una moción impulsada por Fuerza Popular (FP) y un proyecto de ley de Alianza Para el Progreso (APP) – a fin de crear una comisión de alto nivel que presente propuestas de reforma del sistema de justicia y que le otorgue al Parlamento el poder de nombrar, ratificar y destituir jueces y fiscales.
«Nos preocupa dos temas: una moción parlamentaria que pretende crear una comisión de alto nivel para reformar el sistema de justicia y un proyecto de ley sobre la forma de separación de los jueces y fiscales. Todo proyecto es debatible, pero lo que queremos decir, en defensa de nuestra independencia, es que ninguna reforma puede pasar si no es consultada», sostuvo Arévalo.
Como se sabe, en el Congreso la bancada de Fuerza Popular planteó en la legislatura pasada una moción para crear dicha comisión de alto nivel. El fujimorismo se sumó al coro de Renovación Popular – grupo parlamentario que pide la remoción de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) – para exigirle al presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Soto, que convoque a un Pleno extraordinario. El objetivo del partido político de Keiko Fujimori es que en esa sesión se delibere la creación de la comisión de alto nivel de reforma judicial.
Por su parte, el congresista de APP, Roberto Chiabra, presentó un proyecto de ley de reforma constitucional para que el Congreso tenga la potestad de nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales. Esta función le compete actualmente a la Junta Nacional de Justicia, pero tras la suspensión sin pruebas de la fiscal Patricia Benavides.
«Además, creemos de que el hecho de que el sistema de justicia, en este año que ha transcurrido haya tenido algunos problemas, no puede llevar a que se pretenda modificar las estructuras de las instituciones, porque muchas veces los errores y problemas son propios de las personas, no de las instituciones», expresó Arévalo.
