DIRCOTE allana sede de confederación campesina del Perú
La Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía intervinieron el local de la Confederación Campesina (CCP), donde también se encuentran los de Nuevo Perú y el Partido Socialista, en los que se alojan decenas de personas que llegaron a Lima para participar en las protestas contra la administración de Dina Boluarte y el Congreso.
Durante la diligencia se incautaron machetes, hondas, clavos, pasamontañas y otros objetos punzocortantes que serían utilizados en las próximas protestas de la capital.
Los agentes policiales intervinieron a 26 personas. De este grupo, 12 habrían llegado a la capital desde Apurímac. Mientras los otros diez llegaron desde el Vraem. Varios de ellos habrían causado desmanes, destrozos e incendios en protestas hace pocos días en la capital.
El general Óscar Arriola, jefe de la Dirección contra el Terrorismo, informó dos de ellos están vinculadas al ‘Andahuaylazo’, levantamiento militar ocurrido en 2005, y fueron detenidas al interior del edificio.
Agentes de la Policía Nacional ingresaron junto con ocho fiscales al local ubicado en la plaza Bolognesi, donde encontraron a numerosas personas alojadas, además de carteles, pancartas y los objetos ya mencionados.
El ministro del Interior, César Cervantes, agregó que su sector actúa basado “en un principio democrático” y que todo lo encontrado se pondrá a disposición del Ministerio Público.
En tanto, Raúl Alfaro Alvarado, Comandante General de la PNP, explicó que de la diligencia y registro se realizó con la participación de fiscales, con el pleno respeto de los derechos humanos de las personas intervenidas.
El edificio en el que se encuentran la CCP y los partidos fue rodeado por decenas de agentes policiales, cuando se cumple el tercer día del estado de emergencia nacional.
El asesor de la CCP, Francisco Tello, dijo que se trataba de un atropello y, pese a las pruebas fílmicas del hallazgo de armas, dijo que habían sido “sembradas” por la Policía.
Por su parte, Sigrid Bazán (Juntos por el Perú) dijo que era “un acto intimidación contra quienes se están movilizando”.
