Declaró ilegal el nuevo recuento de votos ordenado por Xiomara Castro
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras afirmó que el recuento de votos ordenado por el Gobierno saliente de Xiomara Castro no tiene validez jurídica y vulnera el marco constitucional, al tiempo que ratificó los resultados de los comicios presidenciales del 30 de noviembre que dieron como ganador a Nasry “Tito” Asfura.
La declaración del organismo electoral busca cerrar una escalada institucional iniciada tras la promulgación de una resolución legislativa que instruyó una revisión del escrutinio, medida que el CNE calificó de “inconstitucional e ilegal”.
Lee también:
Vela y Pérez seguirán investigados por tráfico de influencias
La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, sostuvo que las directrices emanadas desde el Ejecutivo y el Congreso “no son vinculantes” y constituyen un intento de “usurpar” atribuciones que la ley asigna de forma exclusiva a la autoridad electoral.
En una comparecencia pública, Hall subrayó que el ordenamiento hondureño establece procedimientos precisos para la impugnación de actas y que cualquier revisión debe tramitarse dentro de esos cauces, sin interferencias externas.
El pronunciamiento del CNE se produjo luego de que el Gobierno de Xiomara Castro promoviera un recuento general de votos, argumentando supuestas irregularidades y “manipulación” del escrutinio.
La presidenta también cuestionó el contexto previo a la elección, al señalar la “injerencia” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien respaldó públicamente a Asfura. Sin embargo, el órgano electoral insistió en que el proceso fue auditado conforme a la normativa vigente y que la proclamación del ganador se sustentó en actas verificadas.
Asfura, de 67 años, fue declarado presidente electo el 24 de diciembre por el CNE, con una ventaja inferior a un punto porcentual sobre Salvador Nasralla, quien presentó denuncias de fraude. La estrechez del resultado intensificó la disputa política, pero el CNE reiteró que los mecanismos de revisión ya fueron activados y resueltos dentro del marco legal. Hall remarcó la necesidad de preservar la autonomía institucional y advirtió sobre los riesgos de alterar el orden constitucional.
