En Pataz, la fiebre del oro se convirtió en una pesadilla marcada por sicarios, secuestros y ataúdes. En el último año, 39 personas vinculadas a la actividad minera fueron asesinadas, una cifra que desnuda el poder de las mafias y la fragilidad del Estado.

El auge de la minería ilegal de oro en Perú ha dejado de ser un problema ambiental para convertirse en una crisis de seguridad que avanza con brutalidad: un territorio donde la sangre corre entre socavones, con secuestros, torturas, cuerpos descuartizados y ataques armados que irrumpen en campamentos y yacimientos, imponiendo el miedo como única ley.

En el último año, 39 personas vinculadas a la minería fueron asesinadas en Perú y el Estado sigue bajo presión para recuperar el control.

La cifra refleja un deterioro alarmante: campamentos extorsionados, excavaciones tomadas por mafias y familias enteras viviendo entre el temor y la incertidumbre.

El episodio más reciente y simbólico ocurrió el 31 de diciembre de 2025, en la víspera del Año Nuevo, en el sector Bijus (Pataz), tras el ingreso irregular de un grupo al socavón. El ataque contra una mina informal dejó tres muertos y siete desaparecidos, de acuerdo con reportes de las autoridades locales.

La agencia internacional Reuters informó que la escena fue intervenida por la Policía y que dos sospechosos quedaron detenidos, pero el dato de fondo siguió siendo el mismo: las organizaciones armadas siguen imponiendo su ley en los territorios mineros.

Una violencia que ya es rutina
Lo que sucede en estas zonas no es una secuencia aislada de delitos, sino una disputa feroz por una riqueza que mueve millones y atrae a redes criminales cada vez más sofisticadas.

César Ipenza, abogado y especialista en temas ambientales, durante su participación en ProEXPLO 2026, advirtió que ‘estas mafias combinan extorsión, lavado de activos y control territorial”.

Su frase sintetiza el problema: «El oro se ha vuelto un imán para la violencia organizada». Además, advirtió que “los grupos criminales transnacionales cobran cada vez más protagonismo’.

En Pataz hay oro y mucha sangre
Pataz quedó sellada como el epicentro de esa deriva. En mayo de 2025, la matanza de 13 mineros estremeció al país y forzó al Gobierno a declarar medidas de emergencia en la provincia.

Incluso, el prestigioso diario británico The Guardian dedicó un informe a la minería ilegal en Perú y relató la suspensión de la actividad en Pataz tras la masacre, en un escenario que evidenció la fragilidad del control estatal frente a bandas armadas con capacidad de ataque y repliegue.

La mimería ilegal mata más peruanos que la guerra
La comparación puede sonar dura, pero los hechos la sostienen: hoy, en algunas localidades mineras del Perú, ser minero puede resultar más peligroso que participar en una guerra.

Mientras los reportes oficiales difundidos recientemente elevaron a 13 la cifra de peruanos muertos tras involucrarse en el conflicto entre Rusia y Ucrania, en el frente interno de la minería ilegal ya se contabilizan 39 víctimas asesinadas en apenas un año por la violencia de las mafias.

No se trata de una competencia de tragedias. Se trata de mostrar hasta qué punto la violencia se ha incrustado en una actividad que debería estar protegida por normas, fiscalización y presencia del Estado.

En Ucrania, varios peruanos habrían sido llevados por engaños y promesas; en el Perú, los mineros caen por la expansión de un negocio ilícito que se alimenta de la ausencia de autoridad y deja tras de sí sangre, miedo y desorden.

El Estado bajo presión
Las autoridades peruanas han intentado responder, pero la secuencia de ataques demuestra que la reacción ha sido tardía.

Tras la masacre de Pataz, se desplegaron medidas de emergencia y presencia policial, aunque la violencia volvió a aparecer poco después en otras minas informales. El problema no es solo llegar después del crimen, sino impedir que las mafias se afiancen, armen sus rutas y conviertan el territorio en una zona liberada.

El Gobierno, además, enfrenta una crisis más amplia: la minería ilegal sigue creciendo hacia nuevas regiones y articulándose con redes de contrabando, corrupción y crimen organizado.

La agencia de noticias estadounidense AP reportó en febrero de 2026 que el oro ilegal continuaba expandiéndose en la Amazonía peruana, mientras especialistas advertían que el país está perdiendo control sobre una actividad que ya compromete la seguridad nacional.