En 2016 crearon cuento del «Escuadrón de la Muerte» para perseguir a policías que enfrentaban redes criminales, señala abogado Humberto Abanto

 

VALERIA PONCE

El abogado penalista Humberto Abanto Verástegui sostiene que la desactivación de los operativos policiales preventivos en 2016, a raíz del caso conocido como el «Escuadrón de la Muerte», marcó el inicio de una tendencia ascendente del crimen violento en el país.

 

— Usted habla del «cuento del Escuadrón de la Muerte» para explicar cómo se reactivó el mercado de crímenes violentos. ¿En qué consistió exactamente ese caso y por qué considera que fue una construcción política antes que judicial?

Los casos derivados de la lucha antiterrorista se estaban agotando; ya no había más en trámite. Así que, en 2016, juntando siete casos aislados y convirtiéndolos en uno solo, el primero fue el caso Piura, el siguiente el caso Chincha, llamado Cuna de Campeones, y luego otros cinco casos que integran un megaproceso, se creó desde el Ministerio del Interior el cuento del Escuadrón de la Muerte. Esto no tiene nada que ver con el caso de Trujillo, se trató de presentarlo como una especie de clan criminal, de policías que mataban delincuentes. Eso originó que se desactivaran los operativos preventivos, que se componían de acciones de inteligencia a cargo de la Digimin – Dirección General de Inteligencia, investigación criminal por parte de áreas especializadas como la Diviac – División de Investigación Contra el Crimen Organizado o la Dirincri (Dirección de Investigación Criminal), y combate urbano a cargo de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT). Más de 50 policías terminaron procesados y con prisión preventiva; en el caso Piura incluso se dictó una condena que después fue anulada por falta de sustento, y ahora estamos nuevamente en juicio oral. A partir de esa fecha se detuvieron esos operativos, y si se traza la línea de base del crimen violento en el Perú desde 2016 a la fecha, la tendencia es absolutamente ascendente.

 

— ¿Cómo debería actuar una PNP «blindada» frente a un caso como el de Trujillo, donde la ciudadanía reclama una respuesta más dura contra el crimen organizado?

El alto mando actual de la PNP recibió una granada que ya contaba ocho o nueve, y le ha estallado en la mano. Pero, al margen de las lamentaciones, lo que hay que hacer es construir una estrategia basada en inteligencia, investigación criminal y combate urbano, con el fortalecimiento y la protección de nuestros policías en la lucha contra el crimen. Es crucial, además, que esto se haga en alianza con el Ministerio Público y que se garantice una justicia manifiestamente imparcial y técnica, no politizada.

 

— Organismos como el Instituto de Defensa Legal han advertido que la norma amplía de forma excesiva el concepto de «delito de función». ¿Qué responde a ese cuestionamiento desde su experiencia como penalista?

Lo que hay que esperar es el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Estoy seguro de que los colegios de abogados policiales van a presentar una acción de inconstitucionalidad y el Tribunal va a precisar lo que ya quedó establecido hace mucho tiempo, que revisará la ley que reafirmó los espacios de pronunciamiento del Supremo Tribunal Militar Policial y de la justicia ordinaria. Los bienes jurídicos militares y policiales van al fuero militar y policial.

 

— ¿Considera que la reforma del Código Penal Militar Policial podría abrir la puerta a la impunidad en casos de exceso real de fuerza, o descarta ese riesgo por completo?

Una reforma del Código Penal Militar no va a poder atrapar delitos que afectan bienes jurídicos que no son policiales ni militares. En ese aspecto, no concedo. No creo que la justicia militar deba resolver asuntos que están en el Código Penal ordinario.

 

— En el debate público se plantea que, sin un blindaje legal claro, la PNP y las FF.AA. actúan con miedo y eso les resta capacidad de respuesta frente al crimen organizado. ¿Qué tan necesario considera ese blindaje hoy y qué pasaría si no se llega a consolidar?

Si no se establece una respuesta frente al crimen organizado, el Perú va a terminar siendo una sociedad dominada por la violencia. Es imperativo, primero, que se fortalezca la actividad policial, como se está haciendo; segundo, que haya un programa que aprenda las lecciones de la lucha antiterrorista. Por eso advierto contra la militarización, uno de los errores de esa lucha fue precisamente militarizarla, y ahora se está pensando en repetirlo. Lo que hay que hacer es repetir la estrategia que sí funcionó: inteligencia, investigación criminal y combate urbano. No se ha encontrado una forma distinta que funcione.

 

— ¿Hay un sector político al que le «molesta» que la PNP pueda usar fuerza letal sin temor a ser perseguida judicialmente?

Claro, la izquierda caviar ha sido promotora del desarme de la sociedad y de la exposición al peligro en que vivimos. Además, me llama poderosamente la atención que uno de los responsables del crecimiento del crimen violento y el crimen organizado en el Perú, quien jefaturó la Diviac, hoy le esté diciendo a la gente que es importante luchar contra el crimen. Hay que mirar la estadística: hemos subido inconteniblemente en el número de muertes violentas, en extorsiones, en sicariato, en préstamos gota a gota, etc. Todo esto se ha producido mientras el Perú ha gastado cientos de millones de soles, supuestamente en inteligencia, sin que se reporte ninguna ganancia, al menos para el país. No sabemos si para otros.

 

— ¿Por qué cree que ciertos sectores de izquierda se oponen con tanta fuerza a que la PNP y las FF.AA. actúen con mayor libertad frente al crimen organizado? ¿Qué interés real ve detrás de esa resistencia?

Hay que ver los modelos de México y Venezuela, donde la criminalidad terminó siendo aliada de los gobiernos de izquierda para arrinconar a la sociedad civil. Hay que recordar cómo operaban los círculos bolivarianos y cómo el Tren de Aragua ha prosperado desde la Venezuela de Chávez y Maduro. Ahí hay, obviamente, un mecanismo de control indirecto de la sociedad mediante una alianza con el crimen.