Pese a que dichas medidas provocaron que el país se sumiera en la pobreza, señala jurista Humberto Abanto Verástegui

Valeria Ponce

El destacado jurista Humberto Abanto Verástegui advierte que la plataforma de Roberto Sánchez plantea una crisis constitucional al proponer una nueva Carta Magna fuera de las disposiciones vigentes, desaparecer las libertades económicas y volver al intervencionismo estatal al estilo de Juan Velasco Alvarado. Sobre las denuncias que enfrenta el candidato, afirma que ninguna lo inhabilita jurídicamente, pero que el ciudadano tiene la última palabra.

– ¿Cuáles son los riesgos institucionales que generaría un gobierno de izquierda radical como el que propone Roberto Sánchez, tomando como referencia lo ocurrido con Castillo?

Como está planteando su plataforma el señor Sánchez, nos lleva a una crisis constitucional. Él insiste en una nueva Constitución fuera de las disposiciones de la Constitución vigente. Insiste en desaparecer las libertades económicas que están en la Constitución, pero que no solo están allí, sino también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Insiste en que el Estado intervenga la economía nuevamente, como ya ocurrió en la época de Velasco, y que provocó que el país se sumiera en la pobreza. Plantea serios problemas en el nivel jurídico, porque pone en tela de juicio cuál será la Constitución con la que nos guiaremos. Segundo, crea un problema político porque nos lleva a una crisis con una confrontación muy parecida a la que vivimos al comienzo del caso Castillo. Y tercero, nos lleva a una crisis económica porque todo aquello que ha permitido que el país tenga la moneda más sólida del continente se está poniendo en juicio.

– ¿Existen garantías institucionales suficientes para evitar que un gobierno concentre el poder al estilo de Venezuela o Nicaragua?

En este momento, yo creo que sí. Tendría que producirse un golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas tendrían que cumplir un papel trascendental porque, si bien tiene una calificación favorable con diputados, tiene una calificación negativa en senadores, que es donde se toman las decisiones. Con la configuración del sistema como está, hay garantías para impedir que alguien se desborde.

 – ¿Un presidente en ejercicio puede indultar a alguien condenado por conspiración o rebelión sin que eso afecte la independencia del Poder Judicial?

No, el indulto no afecta la independencia del Poder Judicial. Es una autorización que da el constituyente para que el presidente de la República, en determinadas circunstancias y según su leal saber y entender, deje sin efecto una condena. El punto de debate aquí es absolutamente político y estrictamente vinculado a la conveniencia sobre la defensa del sistema democrático. Es decir: ¿resulta constitucional, políticamente válido, democráticamente válido darle misericordia a quien acabó con la democracia? Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos. Desde mi punto de vista, hacerlo es alentar al siguiente intento de golpe de Estado.

– Roberto Sánchez estuvo involucrado en el autogolpe de Castillo. ¿Qué implicancias tiene eso para quien hoy aspira a la Presidencia?

Lamentablemente para sus críticos, y felizmente para él, fue separado del proceso por el golpe de Estado. Tuvo una denuncia que fue archivada, y su abogado defensor no fue menos que Domingo García Belaunde. Toda su vinculación con el golpe no queda más que en el ámbito de la especulación periodística. Lamentablemente, jurídicamente, eso ya está cerrado.

– Figuras como César Tito Rojas, fundador del Movadef y vinculado a Sendero Luminoso, forman parte del entorno de Sánchez. ¿Existe algún mecanismo legal para excluir a candidatos con ese tipo de vinculaciones?

No, lamentablemente no. En el año 93, cuando se redactó la nueva Constitución, el Perú pudo haber optado por una cláusula de democracia militante, como en el caso de la República alemana. Pero no fue esa la decisión. Me imagino que, por razones obvias, dado que el régimen que se instalaba devenía de una acción antidemocrática, temieron consecuencias negativas para quienes tenían el gobierno en ese momento. Pero con la Carta como está planteada, la democracia liberal no permite excluir por estas razones a alguien de la competencia electoral.

– ¿Qué amenaza representa para el Estado de derecho alguien con vínculos con ese tipo de organizaciones?

Creo que, en un país como el nuestro, que vivió una situación tan traumática como el terrorismo […], con un número altísimo de muertos y pérdidas materiales enormes para el país, lo mejor que puede hacerse es adoptar la cláusula de democracia militante. Mientras tanto, los riesgos seguirán existiendo, ideologías totalitarias o autocráticas podrán competir libremente, aprovechando las ventajas de la democracia para destruir la propia democracia.

– Desde el punto de vista legal, ¿qué es lo que permite que una persona con ocho denuncias fiscales e investigaciones sea candidato presidencial?

El hecho de que no existe impedimento alguno con esa causal.

– ¿Puede un candidato ganar la Presidencia y al mismo tiempo afrontar un juicio oral?

Lo que se hace habitualmente, al amparo de la inmunidad presidencial, que es absoluta, es suspender los procesos hasta que termine su mandato, salvo por las cuatro causales que establece la Constitución.

– La denuncia presentada por la Fiscalía en enero de 2025 lleva más de 470 días sin trámite en el Congreso. ¿Cómo califica usted esa demora?

Creo que es una muestra de incompetencia, de desidia y de ociosidad, tanto del Congreso como del Ministerio Público. La Junta Nacional de Justicia debería tomar conocimiento del caso y adoptar las medidas correspondientes.

– ¿Cuál es la diferencia entre una denuncia constitucional y un proceso penal ordinario? Sánchez se enfrenta a ambas. ¿Cuál es lo más grave para él en este momento?

Lo que pasa es que todas estas situaciones son de riesgo en la medida en que son denuncias. Lo que la Constitución ha establecido en el Artículo 31-A es que solamente la sentencia, aunque sea de primera instancia, impide postular a un cargo de elección popular. Entonces, aunque existiera una catarata de denuncias, eso no impide que el señor Sánchez postule. Ya le corresponde al ciudadano decidir si desea un presidente en esas condiciones. Es un tema político, no jurídico.

– Según la tesis fiscal, Sánchez habría declarado aportes de campaña equivalentes a cero soles ante la ONPE, cuando las cuentas bancarias demuestran lo contrario. ¿Es una omisión o un delito doloroso?

[…] Quiero subrayar que la batalla no está en los tribunales, no está en la Fiscalía, no está en la Policía. La batalla está en la política. Lo que se tiene que hacer es política. Este no es el momento en que se va a poder detener a alguien con denuncias ni con jueces. Este es el momento en el que se tendrá que confrontar políticamente. Esa es una indicación clara, la razón por la que se pierden las denuncias o se fortalecen ciertas opciones es porque no se las combate donde se las tiene que combatir. El combate es político, no es penal, no es judicial, no es fiscal.

– Se le imputa también haber usado la cuenta de su hermano como intermediario para desviar fondos del partido. ¿Qué pena contempla ese delito?

Sería fraude en la administración de personas jurídicas. La pena no pasa de seis años. Por eso, todos estos temas tienen que discutirse en el foro político. Hay que preguntarle a la gente si quiere a una persona que no es capaz de rendir escrupulosa cuenta de sus propios recursos, que no puede manejar correctamente el dinero de su propio partido. […] Todavía no se entiende la lección que se ha vivido con Pedro Castillo. Se pensó, equivocadamente, que con el juicio y la condena el tema había terminado. Y como se habrán dado cuenta, no fue suficiente. Porque si se miran las cifras reales, Roberto Sánchez tiene 14.000 votos, pero el movimiento del sombrero tiene 2 millones. ¿De quién son esos votos de Sánchez o del sombrero?

– Si la respuesta no está en la justicia, ¿cómo se enfrenta políticamente a Roberto Sánchez?

Habría que preguntarle a la gente en el Perú si la casa que tiene se la hizo el Estado, si las cosas que ha obtenido en su vida se las dio el Estado. Lo que van a descubrir es que la casa que tienen, por ejemplo, en los barrios populares, la hicieron con sus hermanos, que allí generaron sus negocios inclusivos con la persecución, la hostilidad del Estado y la burocracia. Entonces, cuando la gente se pone a ver lo poco o mucho que ha conseguido en su vida, en la lucha no solo contra la existencia misma sino contra la burocracia y el Estado, y que este es el momento en que le están ofreciendo resolver las cosas metiéndole más burocracia y más Estado… eso es hacer política. Pero si lo que hacen es asustarse o creer que el gobierno va a ganar esta elección […] El Estado no seguirá siendo un obstáculo para que realices tu sueño. Ojalá se entienda.

– ¿Qué mensaje le daría a la población tomando en cuenta todo el historial del señor Sánchez?

La pregunta que tiene que hacerse cada ciudadano es si quiere un presidente que no sepa dar cuenta de sus propios recursos. Y segundo, si quiere que el Estado le impida el ejercicio de su libertad. Esa, para mí, es la gran ilusión que debería plantearse en este proceso, en esta segunda vuelta.