Impedimento de salida del país de Nadine se define el lunes

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Fiscalía pidió restricción para Nadine Heredia por caso Gasoducto Sur.

Fiscal Geovanna Mori reiteró que existe “peligro de fuga”

 

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Anticorrupción suspendió la audiencia de impedimento de salida del país contra la ex primera dama Nadine Heredia para este lunes 30 de diciembre por el Caso Gaseoducto del Sur.

El juez Jorge Chávez Tamariz dispuso que el abogado de Heredia Alarcón sustente su defensa ese mismo día, tras presentar documentación que el Ministerio Público debe evaluar para el debate.

Al respecto, la fiscal Geovanna Mori, del equipo especial Lava Jato, reiteró que existen elementos de convicción para sustentar el impedimento de salida del país, que, desde su punto de vista busca “asegurar la continuidad del proceso” porque existe “peligro de fuga”.

La defensa tenía que incorporar nuevos elementos de convicción. Las alegaciones no han sido debatidas. Hay diversos elementos de convicción para sustentar el impedimento de salida. Hemos dirigido nuestro comentario hacia los funcionarios directamente involucrados“, expresó.

Esperamos que se declare fundado nuestro pedido. Es una herramienta para asegurar la continuidad del proceso en un caso complejo como este“, añadió.

Como se recuerda, Jorge Barata declaró en Brasil que se reunió en la oficina de Nadine Heredia, en Palacio Gobierno. También estuvieron su esposo, el expresidente Ollanta Humala, exministros y funcionarios del gobierno nacionalista, y se habría coordinado favorecer a la constructora brasileña con la licitación del Gasoducto Sur Peruano.

Esa fue la primera vez que Barata reveló que Heredia gestionó reuniones para presuntamente beneficiar a la empresa brasileña, que se adjudicó la obra en consorcio con Enagás y Graña y Montero en julio del 2014, por más de US$7 mil millones.

Cabe indicar que el proyecto Gasoducto del Sur actualmente se encuentra paralizado y la compañía Graña y Montero, una de las socias de Odebrecht, presentó un pedido ante el CIADI para iniciar una demanda contra el Estado peruano.