La iniciativa corresponde al congresista Idelso García, de Alianza para el Progreso (APP)
El Congreso aprobó con 96 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones, la incorporación del delito de terrorismo urbano en el Código Penal. Esta medida busca reforzar las medidas de seguridad en las ciudades debido al aumento de actos violentos en áreas urbanas.
El terrorismo urbano se define, según el dictamen, como «aquellos actos que, mediante el uso de la violencia o la intimidación, busquen sembrar el miedo en la población y desestabilizar el orden público». Las penas para este nuevo delito varían de 15 a 25 años de prisión, dependiendo de la gravedad de los actos cometidos.
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Carlos Pérez Ochoa, presidente de la Comisión de Justicia, aclaró la importancia de esta nueva ley, afirmando que es fundamental que el Estado disponga de herramientas legales para combatir eficientemente este tipo de amenazas y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
¿Terrorismo urbano impreciso?
A pesar del amplio apoyo en el Congreso, la iniciativa ha suscitado críticas. El abogado penalista Carlos Caro argumentó que la nueva ley podría generar confusión legal para los jueces al dictar sentencias contra delincuentes, debido a la falta de claridad en la tipificación del delito. Caro calificó la medida como un «saludo a la bandera» que podría ser peligrosa si se utiliza incorrectamente. Además, señaló que el término «terrorismo urbano» podría ser inapropiado y causar dificultades en la identificación del delito por parte de los jueces.
