Alarmante incremento de presos por delitos de violación sexual contra menores en cárceles peruanas y preocupa a la población
La problemática de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes ha alcanzado niveles alarmantes en las cárceles peruanas, donde este delito se posiciona como el segundo más frecuente, solo por detrás del robo agravado. Según el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), un preocupante 11.91% de la población carcelaria está encarcelada por crímenes contra la libertad sexual de menores, evidenciando un incremento significativo en comparación con años anteriores.
A enero de 2024, el número de reclusos por violación sexual ha aumentado a 11,392, reflejando un crecimiento de 127 internos en tan solo dos meses. Este delito no solo afecta a adultos, sino también a adolescentes, con 263 jóvenes entre 14 y 18 años recluidos por violencia sexual hacia menores, representando el 14.12% de los infractores juveniles.
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El penalista Mario Amoretti subraya que, según el Código Procesal Penal peruano, los violadores de menores de 14 años pueden ser condenados a cadena perpetua, reflejando la gravedad y el carácter intolerable de estos crímenes. Esta penalización severa busca combatir la impunidad y proteger a los menores vulnerables de la sociedad.
Sin embargo, la situación se agrava en los centros de readaptación juvenil, donde la sobrepoblación supera el 20% en varios centros, incluyendo lugares como Pucallpa, Huancayo y Cusco. Esta realidad plantea serias preocupaciones sobre las condiciones de vida y rehabilitación de los internos juveniles, en un contexto de aumento de la violencia y delitos graves.
Eileen Contreras, magíster en Psicología Comunitaria, subraya que estos datos reflejan la violencia arraigada en la sociedad peruana, especialmente contra los sectores más vulnerables como los niños y adolescentes. La falta de intervención efectiva por parte de las autoridades para prevenir y sancionar estos delitos es una preocupación constante, exacerbada por casos recientes de violencia sexual en comunidades indígenas, donde la impunidad y la falta de acción gubernamental son evidentes.
La situación exige acciones urgentes para fortalecer la protección de los derechos de los menores y garantizar un sistema de justicia que responda eficazmente a estos crímenes atroces. La sociedad peruana enfrenta el desafío de combatir la violencia sexual y promover un entorno seguro y protegido para todos sus ciudadanos, especialmente para los más vulnerables.
