Indecopi halló mensajes cifrados, correos privados y reuniones clandestinas como prueba de la coordinación en licitaciones.
La Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi anunció una de las sanciones más altas de los últimos años tras concluir que trece compañías del sector farmacéutico acordaron repartirse, durante más de una década, diversas licitaciones convocadas por el Estado para la compra de medicamentos. La resolución impone un monto superior a los 539 millones de soles, cifra que equivale a más de cien mil unidades impositivas tributarias. Además, cinco ejecutivos vinculados a estas prácticas recibieron multas adicionales que en conjunto superan el millón de soles.
La investigación determinó que las empresas involucradas mantuvieron coordinaciones sistemáticas desde 2006 hasta 2020 para definir quiénes presentarían ofertas, quiénes se retirarían de las convocatorias y qué laboratorios concentrarían determinados productos. Estas acciones afectaron procesos realizados por el Ministerio de Salud y EsSalud, dos de las principales entidades encargadas del abastecimiento de hospitales públicos en todo el país.
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De acuerdo con el expediente, la concertación se sustentó en comunicaciones privadas que incluían mensajes cifrados, correos corporativos y encuentros fuera de los canales formales. Con estos mecanismos se buscaba disimular la identidad de los participantes y evitar cualquier rastro que delatara la coordinación previa de precios y postores. Como resultado, las licitaciones perdieron la competencia real que debía garantizar precios justos y un acceso adecuado para la población.
Entre los productos afectados figuran soluciones básicas como cloruro de sodio, distintos tipos de antibióticos y medicamentos para pacientes oncológicos o con enfermedades de alto riesgo, además de suplementos que se distribuyen de manera regular en los servicios de salud. Indecopi advirtió que las prácticas del cartel generaron un impacto directo en tratamientos esenciales y pudieron comprometer la disponibilidad de insumos críticos en varios hospitales.
Junto con la sanción económica, las compañías deberán activar programas internos para prevenir acuerdos anticompetitivos durante los próximos cinco años. Estas medidas forman parte de las obligaciones impuestas para reducir la posibilidad de nuevas coordinaciones ilegales en el mercado farmacéutico.
La decisión es de primera instancia y puede ser apelada ante el Tribunal de Indecopi. Recién después de esa etapa procede recurrir al Poder Judicial, conforme lo establece la normativa de libre competencia. La lista de empresas sancionadas incluye laboratorios y distribuidoras de amplia presencia en el mercado nacional, como B Braun Medical Perú, Instituto Quimioterápico, AC Farma, Droguería Sagitario, Laboratorios Americanos, Lansier, Pharmagen, OQ Pharma, Portugal, Unidos, Medifarma, Pereda Distribuidores y Teva Perú.
