Representantes de las comunidades kakataibo, shipibo y asháninka denuncian hostigamiento y amenazas de muerte por parte de taladores ilegales y narcotraficantes.
Las comunidades indígenas de Ucayali y Huánuco enfrentan una grave situación de inseguridad. Representantes de los pueblos kakataibo, shipibo y asháninka, organizados en guardias indígenas, han denunciado reiteradas amenazas de muerte provenientes de grupos vinculados a la tala ilegal y el narcotráfico, quienes buscan controlar sus territorios ancestrales.
El más reciente congreso anual, realizado en la comunidad Mariscal Cáceres, fue el escenario donde las autoridades indígenas alertaron sobre esta problemática. Según Segundo Pino, líder de la guardia indígena kakataibo, uno de los casos más alarmantes fue la amenaza a Pobleto Ribera, jefe de la comunidad UNI Katay, a quien enviaron imágenes de personas decapitadas como advertencia. “Le dijeron que le podría pasar lo mismo en cualquier momento”, declaró Pino.
Además de las amenazas, los líderes señalaron un preocupante aumento de actividades ilícitas, como el cultivo de coca, la tala indiscriminada y la instalación de pistas clandestinas para el transporte de drogas, particularmente en las comunidades de Yamino, Puerto Azul y Mariscal Cáceres. Estas prácticas no solo ponen en riesgo los bosques amazónicos, sino también la vida de quienes los protegen.
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Ante esta situación, las guardias indígenas han solicitado con urgencia el apoyo de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia. “El narcotráfico y las pistas ilegales son un problema evidente, pero las autoridades no están actuando con la rapidez necesaria”, enfatizó Pino. Asimismo, exigieron a los gobiernos regionales y locales el reconocimiento oficial y respaldo al trabajo que realizan como defensores de derechos humanos.
El pedido incluye garantizar la seguridad de los líderes indígenas y proteger sus territorios de actividades ilícitas como la minería, el tráfico de tierras y la explotación de especies. También rechazaron las recientes declaraciones de Gustavo Gutiérrez, magistrado del Tribunal Constitucional, quien cuestionó la existencia de pueblos indígenas no contactados, calificando sus comentarios como un agravio a sus derechos.
La situación crítica en la reserva kakataibo, donde se han identificado pistas clandestinas utilizadas por el narcotráfico, evidencia la urgencia de tomar medidas efectivas. Las guardias indígenas reafirman su compromiso de defender la integridad de sus comunidades, pero recalcan que necesitan el apoyo del Estado para continuar su labor sin poner en riesgo sus vidas.
