Los implicados El mayor EP Luis Soldevilla y el suboficial EP Paddy Llimpe también se apropiaron ilegalmente de 104,750 cartuchos
Dos militares fueron condenados a nueve años de cárcel por el hurto y la venta ilegal de armas de guerra pertenecientes al Ejército peruano. Los individuos condenados son el mayor del Ejército Luis Teobaldo Soldevilla Espinal y el técnico de tercera del Ejército Paddy Nolan Llimpe Correa.
Lo más reprochable es que los objetos robados fueron vendidos a grupos delictivos involucrados en la extorsión y el tráfico de drogas en el Vraem. Por ejemplo, una de las granadas causó la muerte de un suboficial de la Policía mientras intentaba desactivarla frente a una escuela en Villa El Salvador.
El tribunal anticorrupción de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, integrado por los magistrados Nidia Sierra Jerónimo, Cristhian Salazar Costa y Miriam Leguía Soto, los declaró responsables del hurto de 786 granadas de guerra del tipo defensivas, modelo BR-M75 de origen soviético; así como de 104,750 cartuchos calibre 9 x 19 milímetros.
Ambos recibieron una condena por el delito de peculado doloso agravado en el Comando de Educación y Doctrina del Ejército (Coede) de Chorrillos.
Según la acusación fiscal, en las fechas 7, 20 y 21 de marzo de 2015, el oficial Luis Soldevilla, quien en ese momento estaba al mando de la Compañía de Mantenimiento y Transporte n° 503, se adueñó de ese material.
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Para lograrlo, contó con la complicidad del técnico EP Paddy Llimpe, quien ocupaba el cargo de jefe del almacén n° 1 transitorio de la Compañía n° 503.
Los investigadores indicaron que “esta sistemática práctica delictiva se repitió hasta en tres oportunidades, en donde se apreció la participación de cada uno de los acusados, así como la conducta neutral de los técnicos del Ejército peruano”.
De esta manera, mediante la falsificación de actas y la simulación de entregas, lograron apropiarse de forma sistemática del material bélico tipo BR-M75, almacenado en el polvorín Cruz de Hueso, ubicado en el distrito de San Bartolo.
Además, otros siete militares fueron implicados como presuntos cómplices principales del delito de peculado doloso, ya que supuestamente facilitaron la entrega, recogida y desvío de las granadas con propósitos ilícitos.
Fueron acusados de comercializar en línea el armamento mencionado. Una de estas granadas resultó en la muerte del suboficial superior Adolfo Leonidas Castellano Carrillo, mientras intentaba desactivarla en las cercanías del colegio Cristo Salvador, en Villa El Salvador.
