Amnistía Internacional, basándose en nuevas pruebas, afirma en su último informe que hay indicios de la responsabilidad penal individual de la presidenta Dina Boluarte en las muertes ocurridas durante las protestas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
Amnistía Internacional (AI) ha publicado un informe detallado que examina la responsabilidad de la cadena de mando en las muertes y lesiones ocurridas durante las protestas sociales en Perú. El informe destaca las decisiones clave tomadas por la presidenta Dina Boluarte, como jefa de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y sugiere que «los fiscales evalúen su responsabilidad penal individual en las investigaciones en curso».
Responsabilidad de Dina Boluarte
Según AI, la presidenta Boluarte podría enfrentar responsabilidad penal por las muertes de manifestantes. Esto sucedido en las protestas que se realizaron entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. El informe titulado ¿Quién disparó la orden? Responsabilidad de la cadena de mando por muertes y lesiones en protestas en Perú revela que, a pesar de que Boluarte negó ante la Fiscalía tener contacto directo con los comandantes y minimizó su rol en la represión estatal, se reunió con los líderes de las Fuerzas Armadas y la Policía durante las protestas.
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Decisiones y acciones cuestionadas
Amnistía Internacional acusa a Boluarte de usar informes de la Policía Nacional, que llamaban “terroristas” a los manifestantes, para declarar el estado de emergencia. Esto ocurrió a pesar de que el director de Inteligencia informó que las protestas no eran criminales ni requerían despliegue militar.
«Boluarte tomó los informes de inteligencia de la PNP, específicamente del COMASGEN. A través de ello es que habrían tachado a las personas manifestantes como “terroristas” como la base para declarar un estado de emergencia a nivel nacional y desplegar las fuerzas armadas”, explicaron.
AI critica que Boluarte, además de comunicarse constantemente con ministros y altos mandos durante las protestas, ascendió a funcionarios clave involucrados en las operaciones. El 21 de diciembre de 2022, seis días después de que el ejército matara a 10 personas en Ayacucho, Boluarte promovió a Luis Alberto Otárola Peñaranda de ministro de Defensa a presidente del Consejo de Ministros.
«El 21 de diciembre, seis días después de la muerte de 10 personas por balas disparadas por el ejército durante protestas en Ayacucho el 15 de diciembre de 2022, hechos que después serían calificados como posibles ejecuciones extrajudiciales por Amnistía Internacional, la presidenta decidió nombrar a Luis Alberto Otárola Peñaranda, hasta entonces el ministro de Defensa, como presidente del Consejo de Ministros», recordó.
El informe de AI sugiere que Dina Boluarte podría ser investigada como posible autora mediata de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas.
