Juan Pari: Informe de Sunat blindó a operador de Odebrecht que canalizaba coimas en Perú

Compañías de Gonzalo Monteverde sirvieron para camuflar dinero para pagos ilícitos

Compañías de Gonzalo Monteverde sirvieron para camuflar dinero para pagos ilícitos

El expresidente de la Comisión Lava Jato del Congreso, Juan Pari, señaló que con un informe de la SUNAT se blindó el 2009 al empresario Gonzalo Monteverde, cuyas compañías sirvieron para camuflar dinero para pagos ilícitos y disponer de efectivo para otorgar coimas a cambio de obras públicas.

“En el Gobierno de AG. (2009) Con informe de SUNAT blindaron a Monteverde… en ese entonces ya había denuncias de defraudación por «servicios» falsos facturados para Odebrecht, dinero q se «robaba» al Estado para pagar «coimas». Ahora Gonzalo Monteverde fugado”, señaló en su cuenta de Twitter.


“Monteverde fue denunciado desde 2008 de ser operador del juego sucio de Odebrecht. La primera denuncia lo hizo Pedro Morote. Fiscalía archiva. Sale informe cobra 2016 de UIF donde estaba definido su rol de lavado y ruta de dinero para sobornos. Recién hoy hay reacciones del MP”, añadió en otro mensaje.

Es decir, la SUNAT de esa época blindó a Odebrecht. De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, “la historia sería otra, si SUNAT hubiese fiscalizado en su momento a Odebrecht”.

Cabe indicar que el extesorero internacional de Odebrecht Luiz Da Rocha Soares afirmó en Curitiba (Brasil), que la firma brasileña utilizó las empresas Construmac S.A.C. y Cementerios Centrales, de propiedad de Gonzalo Monteverde, para introducir dinero al Perú, que luego debía ser distribuido por Jorge Barata.
Da Rocha Soares explicó que Odebrecht, por medio del operador financiero externo de la Caja 2 Olivio Rodrigues Júnior, transfirió dinero a las cuentas de Monteverde. Esto con la finalidad de que la constructora brasileña disponga de efectivo en Lima para poder pagar los sobornos a cambio de obras públicas.
Según la investigación del Ministerio Público, el empresario peruano y su entorno recibieron un poco más de US$29 millones, que fueron usados para las coimas que Odebrecht entregó durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

Las mismas fuentes indicaron que Da Rocha detalló que se reunió en dos oportunidades con Monteverde, una vez en Panamá y otra en el Perú, para coordinar cómo se iba a enviar el dinero. Incluso, en una de las citas, el ejecutivo peruana le comentó que tenía dos empresas, en referencia a Construmac S.A.C. y Cementerios Centrales, que podía ser utilizada para tal fin.

Antecedentes

Los cuestionamientos a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) por no haber fiscalizado debidamente a Odebrecht y sus operadores no es nueva.

Basta recordar la denuncia presentada por la Federación Nacional de Trabajadores de la Sunat ante la comisión Lava Jato del Congreso en contra de actuales y exfuncionarios del ente recaudador.

En dicho documento los acusan de no haber dispuesto la fiscalización oportuna de las obligaciones financieras de las empresas brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao; también por el “archivo irregular” de una denuncia contra el Consorcio Constructor IIRSA Norte y Constructora Área SAC; y por el retraso, la entrega parcial y discrecional de información y documentación requerida por la Comisión Pari.

Para agosto del 2015, diversos medios de comunicación nacionales daban cuenta de que el escándalo Lava Jato en Brasil involucraba también al Perú. Tomaban en referencia la confesión del empresario brasileño Leonardo Meirelles, quien reveló que trajo a nuestro país ‘200 mil dólares’. “Los de OAS requerían que se hagan pagos en el Perú y se llevó el dinero en cash”, dijo.

En este caso, los funcionarios de la Sunat de esa época, omitieron iniciar un proceso investigatorio. De acuerdo con la Ley, los funcionarios de esta institución tienen la obligación de comunicar inmediatamente al Ministerio Público, la comisión de un delito cuando considere que existen indicios.

Hay que recordar que cualquier ingreso de dinero a nuestro país, superior a los US $ 10 mil debe ser declarado, cosa que no ocurrió en el caso de Meirelles que trajo 200 mil.

 


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