Hay 48 acusados de abuso sexual que se encuentran prófugos y La Fiscalía Provincial Mixta de Río Santiago cuenta solo con un notificador
En los últimos 14 años, se han documentado más de 500 casos de abuso a menores perpetrados únicamente por docentes y auxiliares en diversas comunidades de Amazonas. Actualmente, solo dos fiscales del Ministerio Público de Condorcanqui están investigando 426 casos de agresión sexual, sin incluir otros delitos, lo que aumenta la carga procesal.
Desde el 29 de mayo hasta ahora, la Fiscalía Provincial ha conseguido que se dictara prisión para ocho individuos acusados de agredir a menores, incluidos dos docentes.
Así lo afirmó el fiscal provincial de Condorcanqui, Erlin Jaber Medina Molocho. Explicó a los medios que, además de los más de 500 casos de abuso sexual perpetrados exclusivamente por maestros, hay otras 228 denuncias por el mismo delito cometidas por diferentes personas.
Lo preocupante de esta situación es que hay 48 acusados de abuso sexual que están prófugos de la justicia, y las autoridades pertinentes no están realizando acciones para localizarlos y llevarlos ante los tribunales.
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Frente a esta situación, solo dos fiscales están responsables de buscar justicia para las víctimas, lo que pone de manifiesto la incapacidad del Estado peruano para garantizarla.
La Fiscalía Provincial Mixta de Río Santiago no tiene ningún representante del Ministerio Público y solo cuenta con un notificador para investigar estos abusos, que aumentan a diario.
Amanda Longinote Díaz, presidenta de la Asociación de Mujeres Indígenas Emprendedoras Virgen de Fátima de Amazonas, y Olivia Bisa, lideresa de la Nación Chapra, pidieron a las autoridades que se tomen medidas inmediatas para asistir a las víctimas de violencia sexual y que se aplique todo el peso de la ley a los responsables.
Es importante destacar que los agresores, después de cometer los abusos, huyen a otra comunidad como si nada hubiera ocurrido. En este contexto, el Gobierno Wampis pidió al director de la UGEL del distrito de Río Santiago que no se sigan otorgando contratos a maestros con denuncias, ya que esto pone en riesgo la salud y seguridad de las menores.
Sin embargo, aún se les sigue contratando bajo el argumento de que estos profesionales tienen derechos laborales, ignorando el peligro que representan para los escolares.
