Sanciones por más de 460 mil soles por contratos irregulares.
Una investigación reveló que al menos 20 legisladores tienen familiares en contrataciones irregulares con el Estado entre 2023 y 2024. La situación que ha generado preocupación por posibles conflictos de interés y vulneraciones a la normativa vigente.
Según el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), se han impuesto sanciones que superan los S/ 460,000, principalmente relacionadas con contratos de bienes y servicios otorgados tras la instalación del actual Congreso. Estas revelaciones han puesto en tela de juicio la transparencia en las gestiones legislativas y el cumplimiento de la Ley de Contrataciones.
Uno de los casos más notorios es el del congresista Miguel Ángel Ciccia (Renovación Popular), cuyo hermano Luis Miguel Ciccia obtuvo un contrato con Turismo CIVA S.A.C. por S/ 136,456 De igual forma, el cuñado del legislador Abel Reyes (Perú Libre), José Antonio Cornejo Acevedo, fue sancionado en 11 ocasiones por contratos con la Fuerza Aérea del Perú.
También se identificaron irregularidades relacionadas con familiares de congresistas de Fuerza Popular. Por ejemplo, los padres de Tania Ramírez García y el cuñado de Mery Infantes Castañeda fueron vinculados a contratos sancionados en empresas como Corporación Jesucristo Cautivo S.R.L. y Confecciones Herrera S.R.L.
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En mayo de 2023, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y Eduardo Farah Hayn, suegro de la congresista María del Carmen Alva, enfrentaron sanciones por un contrato con la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa. Sin embargo, una medida cautelar logró suspender la inhabilitación de la SNI, dejando en el aire las consecuencias de dicho proceso.
Por otro lado, las investigaciones del OSCE expusieron irregularidades en las declaraciones juradas de varios proveedores, quienes negaron vínculos con congresistas pese a la evidencia en su contra.
De acuerdo con Ojo Público, desde 2021, se registraron al menos 38 familiares de parlamentarios con contratos estatales, aunque no todos derivaron en sanciones. Estas revelaciones resaltan la necesidad de reforzar la supervisión de los procesos de contratación pública para garantizar la transparencia y evitar el uso indebido de influencias.
