El investigado es señalado como líder de una red criminal en Lima Norte.
El Poder Judicial (PJ) dictó 36 meses de prisión preventiva contra Miguel Ángel Marín Morón, alias ‘Negro Marín’, presunto cabecilla de la organización criminal ‘Los Sanguinarios de la Construcción’, investigada por delitos de extorsión y sicariato contra trabajadores de construcción civil y transportistas en distritos como Ancón y Puente Piedra.
La medida fue ordenada por la Sala Penal de Apelaciones de Puente Piedra – Ventanilla, luego de que el Ministerio Público del Perú apelara la decisión inicial del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla. En esa instancia, el magistrado había rechazado el pedido de prisión preventiva y dispuso solo comparecencia con restricciones para el investigado.
Lee también:
Con el nuevo fallo, el colegiado también dispuso la inmediata ubicación y captura de Marín Morón, quien permanece no habido pese a haber sido extraditado desde España semanas atrás. La orden busca asegurar su presencia en el proceso penal que se le sigue por su presunta participación en una red criminal dedicada a la extorsión de empresas de transporte, discotecas y obras de construcción.
Según la tesis fiscal, alias ‘Negro Marín’ tendría un rol clave dentro de esta organización, señalada por ejecutar cobros ilegales y actos de violencia para imponer sus condiciones en distintos sectores económicos. La investigación apunta a que estas actividades se habrían desarrollado principalmente en la zona norte de Lima.
El Ministerio Público sustentó su apelación en una supuesta incorrecta valoración de los elementos de convicción por parte del juzgado en la decisión emitida en marzo. En ese momento, el Poder Judicial consideró que no se cumplían los requisitos necesarios para dictar prisión preventiva, lo que permitió que el investigado afrontara el proceso en libertad.
No obstante, la Fiscalía advirtió que la permanencia de Marín Morón fuera de prisión representaba un riesgo para el desarrollo de las diligencias, debido a la gravedad de los delitos que se le imputan y su presunta capacidad para interferir en la investigación. Además, alertó sobre el peligro de fuga, considerando los antecedentes del caso y su reciente extradición.
Con esta resolución, el tribunal de apelaciones revierte la medida inicial y ordena el internamiento preventivo del investigado por un periodo de tres años, mientras continúan las investigaciones en su contra. La decisión busca garantizar el avance del proceso judicial y evitar posibles obstrucciones a la labor fiscal.
