Un sistema electoral sin autoridad moral, señala

En una denuncia frontal y sin matices, Jorge Solís Espinoza afirma que el reciente proceso electoral carece de toda legitimidad, al sostener que habría sido manipulado por estructuras delincuenciales organizadas que intervinieron de manera decisiva en los resultados. Según indica, esta injerencia se habría producido mediante la manipulación y el entorpecimiento de la voluntad popular, particularmente en regiones donde Renovación Popular mostraba respaldo popular, tras advertir que estos hechos pasarán a la historia como una de las páginas más oscuras de la democracia peruana.

Al respecto, señaló que el verdadero protagonista de estas elecciones no fue el ciudadano, sino una maquinaria criminal con trayectoria en el desvío de voluntades, capaz de influir en el proceso y distorsionar el sentido del voto popular. Esta grave acusación pone en cuestión la transparencia del sistema electoral y enciende las alarmas sobre el estado de la democracia en el país.

“El Perú no ha vivido una elección libre, sino un proceso contaminado por intereses ilícitos que han vulnerado la esencia misma de la democracia”, sostuvo Solís Espinoza, quien además exigió una investigación inmediata, independiente y con garantías de imparcialidad, así como la realización de una auditoría digital internacional.

El interés ideológico del organismo, nuevamente repite los hechos acontecidos en el 2021 confirmándose en el último proceso del 12 de abril, generando una de las crisis institucionales más severas de los últimos años, en la que redes criminales habrían logrado infiltrar y manipular un proceso clave para el futuro nacional.

Solís Espinoza, exhortó a las autoridades electorales, al sistema de justicia y a los organismos internacionales no alineados al comunismo internacional, a intervenir con urgencia para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y restituir la confianza en la democracia peruana.

Finalmente, Solís Espinoza cuestionó que, frente a acusaciones de tal gravedad, no existan responsables sancionados que, a su criterio, genera una preocupante percepción de impunidad, en la que funcionarios de alto nivel contarían con privilegios y protección, mientras que la ley a paso de tortuga distrae la infame intervención del sistema electoral peruano. “Esto no puede normalizarse en un país que aspira a una verdadera justicia y democracia”, sentenció.