Tendría como objetivo perpetuarse en el poder, advierte destacado penalista

Por Valeria Ponce

El reconocido abogado penalista Luis Lamas Puccio advierte que un gobierno de izquierda impulsaría una Asamblea Constituyente para desmantelar la Carta de 1993, colonizaría el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Contraloría, y estatizaría medios y empresas. Sobre Roberto Sánchez y Antauro Humala, afirma que es más que evidente que mantienen una alianza.

— El exministro Luis Miguel Castilla afirmó que Roberto Sánchez sería mucho más peligroso que Pedro Castillo. ¿Qué opina usted?

El país entraría en un proceso de desestabilización de efectos irreversibles. El próximo gobernante enfrentará problemas internos como la corrupción, la delincuencia y la atención en salud pública que socavan la institucionalidad. A nivel internacional, se requiere una «inteligencia de estadista» para negociar y evitar que fenómenos externos, como un barril de petróleo a 200 dólares, disparen los precios y afecten a la mayoría de los peruanos.

— ¿Un gobierno de izquierda podría avanzar hacia la estatización de sectores estratégicos?

Sería particularmente negativo y contraproducente. El Perú enfrenta una situación geopolítica tensa y quienes gobiernen deben tener capacidad de inteligencia para lograr beneficios para el país. Una política de estatización sería un retroceso de 140 años; ha sido una catástrofe en Venezuela, Cuba o Bolivia. Sería una política contraproducente que va a generar conflicto de toda naturaleza. Va a afectar cualquier posibilidad de desarrollo económico para el país.

— El partido Juntos por el Perú niega la alianza con Antauro Humala, pero los analistas consideran que es un movimiento táctico. ¿Cómo lo ve usted?

Eso es más que evidente. Una cosa es lo que se dice en campaña y otra lo que sucede al ganar. Posicionarse como si respetaran la gobernabilidad da un mayor margen de operatividad a estos regímenes totalitarios que tienen como objetivo perpetuarse en el ejercicio del poder. Lo primero que harían es ejercer control sobre aspectos vitales del Estado.

— Desde el punto de vista constitucional ¿qué otro peligro representa un gobierno de izquierda radical?

Recurrirían a una Asamblea Constituyente con una actitud evidentemente política para tratar de cambiar la Constitución y establecer parámetros que permitan fraccionar los principios constitucionales de la Carta de 1993. Uno de los temas más importantes es el económico; aunque la actual Constitución habla de una economía social de mercado, el sentido que le darían sería uno más socialista que propiamente económico. En segundo lugar, buscarían debilitar la libertad de prensa para ejercer control sobre los medios de comunicación. El tercer tema sería ampliar las prerrogativas del presidente para que la Asamblea Constituyente impida que los otros poderes del Estado tengan un control eficiente sobre el Ejecutivo, debilitando cualquier cuestionamiento ético-moral por incapacidad.

— Y en términos de independencia judicial ¿qué peligros representa la izquierda?

Lo que preferirían es tener un control total sobre el Ministerio Público, la Corte Suprema, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría. Esto generará tensión y conflicto porque los regímenes totalitarios buscan desestabilizar el equilibrio entre los poderes del Estado. Será vital ver cómo está conformado el Congreso y si este puede mantener un equilibrio de control sobre el Ejecutivo.

— Sectores de izquierda han hablado de expropiar medios de comunicación y empresas. ¿Qué garantías exige nuestra Constitución?

Para los regímenes totalitarios, la libertad de prensa es un obstáculo estratégico. La lógica de estos regímenes es ejercer un control casi absoluto o total sobre los medios, incluso los de operatividad virtual. La estatización y el control de los medios tienen un peso estratégico fundamental en su lógica política.

— ¿Qué tan absoluto tendría que ser el poder para que se dé una situación de este tipo?

Si logran un consenso mayoritario en el Congreso, propondrían un marco legislativo que permita el control y la estatización. Esto generaría un profundo problema nacional e internacional y configuraría una desestabilización general del país como régimen democrático.

— Sobre Antauro Humala, más allá de su condena, ¿qué representa jurídica y políticamente?

Lo están utilizando, al igual que a otros personajes, para exacerbar factores que desestabilicen el Estado de derecho. La impresión es que funciona como un vocero político para generar un mayor impacto ideológico y político, aunque él se sienta un personaje autónomo en sus ideas.

— ¿Existe algún impedimento legal o constitucional para que Antauro Humala ocupe algún cargo público o de asesoría?

Él fue objeto de una sentencia condenatoria que fue reinterpretada para que pudiera salir con anticipación. El que pueda ocupar un cargo público dependerá de los mecanismos para interpretar un hecho tan grave como su condena por homicidio calificado y otros crímenes.

— ¿Considera que la Constitución peruana de 1993 tiene suficientes mecanismos de defensa frente a un gobierno que intenta concentrar el poder progresivamente, o existen vacíos que podrían ser explotados?

El problema no es necesariamente la forma en que están descritos los principios en la Constitución, sino que realmente no se cumple. La Constitución habla de principios rectores que deben ser interpretados bajo argumentación y análisis por las entidades del Estado. Aquí lo que se pretende es desestabilizar el Estado de derecho para consolidar un poder político ideológico ceñido a los principios de su proyecto político.

— Desde el derecho económico, ¿qué implicancias tendrían para la inversión privada un gobierno que cuestiona el modelo?

Sobre la inversión privada se ha creado un paradigma donde muchas veces esta se desnaturaliza y el Estado pierde el control. Un ejemplo evidente es el puerto de Chancay y cómo ha sido interpretado constitucionalmente para que una zona comercial quede, en alguna medida, excluida del control normal del Estado. Además, muchos contratos resultan ser «leoninos» para el país.

— Antauro Humala ha propuesto implantar la pena de muerte para delitos graves. ¿Qué conflictos legales identifican?

En principio, la Constitución misma se pone en tela de juicio porque un régimen de izquierda buscaría dejarla sin efecto a través de una Asamblea para redactar una nueva. Además, como el Perú es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se requiere agotar un procedimiento interno y externo que podría tardar de tres a cuatro años antes de incorporarse al Código Penal. Por tanto, es un mensaje efectivo que recién podría ejecutarse después de varios años.

— ¿Cuál es su análisis ante un escenario donde busquen legitimarse para extender su mandato?

Dependerá del rol del Parlamento, especialmente de la Cámara de Senadores. Un gobierno de izquierda trataría de neutralizar a una mayoría parlamentaria opositora. El Parlamento y los medios de comunicación son las mejores salvaguardas para evitar que se agudice un régimen totalitario que vulnere la Constitución y el Estado de derecho.