Penalista Iván Torres la Torre destaca medidas contra inseguridad ciudadana

 

A cien días de iniciado su gobierno, Keiko Fujimori enfrenta una coyuntura compleja, marcada por las resistencias parlamentarias a su agenda legislativa, el avance de la inseguridad y los desafíos que plantea el fenómeno de El Niño. El jurista Iván Torres La Torre analiza los esfuerzos del Ejecutivo, el papel de la oposición y la necesidad de impulsar reformas estructurales para garantizar la gobernabilidad y fortalecer el Estado.

 

1. Al cumplirse los primeros cien días del gobierno de Keiko Fujimori, ¿cuál es su balance de esta etapa inicial y cómo deben evaluarse los esfuerzos del Ejecutivo frente a una coyuntura política e institucional particularmente compleja?

Considero que hay avances que deben reconocerse. El Gobierno ha colocado la inseguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado entre sus prioridades, ha impulsado medidas para recuperar el control de los establecimientos penitenciarios, ha planteado facultades legislativas para acelerar reformas y viene trabajando en la prevención frente al fenómeno de El Niño. A ello se suma una decisión importante en política exterior: el acercamiento a Estados Unidos y la incorporación al Escudo de las Américas, que abre nuevas posibilidades de cooperación en inteligencia, tecnología y seguridad.

Todo esto ocurre en un escenario político difícil, con una oposición parlamentaria que no siempre ha contribuido a facilitar la gestión. Naturalmente, todavía hay resultados que deben consolidarse y problemas que requieren respuestas más contundentes. Pero tampoco podemos exigir que en cien días se resuelvan dificultades que el Estado arrastra desde hace años. Hay que evaluar lo que se está haciendo, lo que falta y, sobre todo, permitir que las medidas puedan ejecutarse.

 

2. ¿Cómo interpreta la actuación de la oposición parlamentaria durante estos primeros cien días? ¿Dónde termina la legítima fiscalización política y dónde comienza una conducta obstruccionista que termina afectando la gobernabilidad?

La oposición es legítima y necesaria. Lo que no es legítimo es utilizar la posición parlamentaria para bloquear sistemáticamente las iniciativas del Gobierno, sin importar si están relacionadas con la seguridad o con necesidades urgentes de la población. Hay una diferencia muy clara entre fiscalizar y obstruir. La primera fortalece la democracia; la segunda termina debilitando al Estado.

Una oposición responsable cuestiona, exige explicaciones y presenta alternativas. Pero cuando todo se convierte en confrontación, cuando se anteponen los cálculos políticos a las necesidades nacionales, se perjudica la gobernabilidad. El Congreso no está para facilitarle todo al Ejecutivo, pero tampoco para impedirle gobernar. La ciudadanía eligió autoridades para que resuelvan problemas, no para que permanezcan enfrentadas.

 

3. La inseguridad ciudadana y el avance del crimen organizado siguen siendo una de las principales preocupaciones nacionales. ¿Qué medidas debería priorizar el Gobierno y qué cambios normativos e institucionales son necesarios para recuperar la autoridad del Estado?

No vamos a derrotar al crimen organizado solamente aumentando las penas. Hay que recuperar las calles, fortalecer la inteligencia policial y perseguir el dinero de estas organizaciones. La extorsión, el sicariato y el narcotráfico tienen estructuras que deben ser investigadas y desarticuladas.

También necesitamos revisar nuestro ordenamiento jurídico y mejorar la coordinación entre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. El Estado tiene que recuperar su autoridad, pero sin vulnerar derechos fundamentales. La seguridad de los ciudadanos y el respeto a la Constitución no son objetivos incompatibles.

 

4. El sistema penitenciario enfrenta problemas estructurales y las organizaciones criminales han encontrado espacios para operar desde los establecimientos penales. ¿Qué reformas urgentes se necesitan para recuperar el control de las cárceles y evitar que continúen funcionando como centros de dirección delictiva?

Una cárcel no puede convertirse en el centro de operaciones de una organización criminal. Eso supone una grave pérdida de autoridad del Estado. Necesitamos bloquear las comunicaciones ilícitas, combatir la corrupción penitenciaria y establecer un control efectivo sobre los internos de mayor peligrosidad.

Pero la reforma no puede limitarse a construir más penales o endurecer las condiciones de reclusión. También debemos mejorar la clasificación penitenciaria, la seguridad interna y los mecanismos de rehabilitación. La pena debe cumplirse, y el Estado tiene que garantizar que desde una prisión no se siga dirigiendo el delito.

 

5. El fenómeno de El Niño plantea riesgos que pueden comprometer la infraestructura, la economía y la seguridad de numerosas poblaciones. ¿Está preparado el Estado para afrontar esta contingencia y qué responsabilidad corresponde asumir al Gobierno en materia de prevención y gestión del riesgo de desastres?

El fenómeno de El Niño es un desafío que no admite improvisaciones. El Gobierno tiene que anticiparse. No podemos esperar a que ocurran las inundaciones para recién movilizar recursos. Hay que intervenir en las zonas críticas, proteger la infraestructura y coordinar con las autoridades regionales y municipales.

La prevención también es una forma de proteger la seguridad nacional. Cuando el Estado no actúa a tiempo, las consecuencias recaen sobre las familias, la economía y los servicios públicos. Aquí se necesita capacidad de gestión y, sobre todo, responsabilidad. La naturaleza puede representar una amenaza, pero la falta de prevención agrava sus consecuencias.

 

6. El acercamiento del gobierno de Keiko Fujimori a Estados Unidos y su participación en el Escudo de las Américas abren nuevas posibilidades de cooperación. ¿Cómo puede esta política contribuir a fortalecer la seguridad nacional y qué otras decisiones de alcance estratégico debería impulsar el Ejecutivo?

Me parece una decisión importante porque el Perú necesita aliados estratégicos. Hoy existe una interdependencia entre los Estados: Estados Unidos necesita la cooperación regional y nosotros necesitamos tecnología, inteligencia y experiencia para enfrentar amenazas que superan nuestras fronteras. Esa relación debe ser recíproca y respetar nuestra soberanía.

Pero también tenemos que hacer nuestra tarea. El Perú necesita un nuevo ordenamiento jurídico con enfoque de seguridad nacional, que articule inteligencia, prevención, investigación criminal y cooperación internacional. No podemos enfrentar amenazas del siglo XXI con instituciones desarticuladas. La seguridad debe proteger al Estado y a la ciudadanía, siempre dentro del respeto a los derechos fundamentales.

 

7. Después de estos primeros cien días, ¿cuáles deberían ser las prioridades del Gobierno para consolidar la gobernabilidad, impulsar las reformas pendientes y evitar que las diferencias políticas terminen paralizando las decisiones que el país necesita?

El Gobierno debe concentrarse en recuperar la seguridad, fortalecer las instituciones y preparar al país frente a los riesgos que tenemos por delante. También debe mantener una agenda de reformas y mejorar su capacidad de ejecución. No basta con anunciar medidas; hay que llevarlas a la práctica.

Y el Congreso tiene que comprender que la oposición no puede convertirse en un bloqueo permanente. La democracia necesita discrepancias, pero también acuerdos. No se puede pedir resultados al Gobierno y, al mismo tiempo, obstaculizar las herramientas que necesita para actuar. Al final, lo que la ciudadanía espera no son disputas políticas, sino un Estado que funcione, que proteja y que responda.