Permite que sentenciado por corrupción postule a presidencia

Mario Vizcarra continúa en carrera para las Elecciones 2026. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundada la apelación que presentó el partido político Perú Primero contra las tres tachas que se presentaron contra la postulación de Vizcarra como candidato presidencial.

La decisión se dio pese a que el hermano del sentenciado expresidente Martín Vizcarra consignó en su hoja de vida que fue sentenciado por peculado en 2005. En ese sentido, a pesar de que fue rehabilitado, los ciudadanos tachantes resaltaron la Ley 30717, que impide a los excondenados por este delito aspirar a un cargo público a pesar de que se rehabilitaron. Sin embargo, se desestimaron dichos argumentos.

Por su parte, la organización política citó diversas sentencias del Tribunal Constitucional (TC), en las que se había declarado la inconstitucionalidad de la frase “aun cuando se hayan rehabilitado”.  Incluso mencionaron que, en una demanda de inconstitucionalidad, el TC mencionó que los excondenados y rehabilitados por terrorismo podrían postular, siendo este un ilícito más grave.

La decisión del JNE influirá en la apelación que presentó el partido a la decisión del JEE de Lima Centro 2 que declaró improcedente la candidatura de Vizcarra al Senado por consignar la sentencia por peculado.

Durante la audiencia, el abogado del partido, Alejandro Salas, recordó 8 sentencias del Tribunal Constitucional (TC) en el que estableció que la frase «aun cuando hubieren sido rehabilitados» de la Ley 30717 «transgrede el marco constitucional». Asimismo, manifestó que el mismo TC resolvió que, incluso los condenados por terrorismo —un delito más grave que el peculado— pueden ser candidatos si se han rehabilitado.

Por otro lado, el abogado del ciudadano tachante, John Trinidad Sánchez, cuestionó a la defensa de los abogados de Vizcarra, quien había solicitado aplicar el control difuso, porque, según mencionó, ello solo compete al Poder Judicial y Tribunal Constitucional. Asimismo, recalcó que la Ley 30717 impide que una persona sentenciada y rehabilitada por peculado pueda postular a cargos públicos, como en el caso de Vizcarra.

Asimismo, el letrado Luis Miguel Caya instó al Pleno del JNE a que confirme la resolución del JEE Lima Centro 1 con la finalidad de «defender el principio de legalidad, reafirmar la lucha contra lo corrupción; revocar esa decisión expresa significa debilitar el sistema electoral, el Perú necesita reglas firmes y elecciones limpias».