Por irregularidades en un proceso penal especializado
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió iniciar una investigación preliminar contra el juez Richard Concepción Carhuancho por presuntas irregularidades vinculadas a su desempeño como titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.
Concepción Carhuancho es uno de los magistrados que se niegan a aplicar la ley aplicada por el Congreso y validada por el Tribunal Constitucional para precisar los alcances de los delitos de lesa humanidad, esta oposición permite que la justicia caviar continúe la persecución política contra militares y policías que derrotaron al terrorismo.
La indagación se centra en una resolución del Tribunal Constitucional (TC) que ordenó a la JNJ reevaluar la actuación del juez en el caso ‘Los Waykis en la Sombra’, proceso que era conducido por el magistrado, y luego de que el máximo intérprete de la Constitución declarara fundado el recurso presentado por Mateo Castañeda, exabogado de la expresidenta Dina Boluarte, uno de los implicados en este caso, a quien Concepción Carhuancho dispuso prisión preventiva de 24 meses.
En su comunicado, la JNJ señaló que, tras evaluar la información recibida, determinó que corresponde abrir una etapa preliminar de investigación contra el magistrado para establecer si la actuación del juez se enmarcó en sus obligaciones funcionales, así como en los principios procesales y estándares de conducta exigidos para el ejercicio de la función jurisdiccional.
En su resolución de noviembre último el TC señaló que la demora del magistrado en notificar a Castañeda la resolución que impone prisión preventiva impidió que la apelación se interponga y se eleve con la debida oportunidad y celeridad a la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional, lo que vulneró los derechos de pluralidad de instancia y defensa.
Además, exhortó al juez Concepción a no volver a incurrir en inconducta funcional lesiva de los derechos fundamentales señalados en autos. El magistrado ordenó la prisión preventiva de Castañeda, por presunta participación en una organización criminal, tráfico de influencias y otros delitos .En diciembre de 2024, la sala de apelaciones revocó la medida contra Castañeda.
El 23 de noviembre de 2024, el magistrado dictó 24 meses de prisión preventiva y detención inmediata para Castañeda tras audiencias que duraron más de 38 horas.
La defensa interpuso la apelación verbalmente al finalizar la audiencia, pero la resolución completa se recibió el 4 de diciembre, 12 días después, debido a la prolongada transcripción de la decisión judicial.
La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial ya había resuelto, en diciembre de 2024, una queja interpuesta contra el juez Concepción por el mismo hecho: una supuesta demora en elevar la apelación de Castañeda contra su prisión preventiva a sala superior.
Aquella vez, la ANC advirtió que en segunda instancia la Quinta Sala Penal de Apelaciones no alertó de alguna demora por parte del magistrado y por esa razón declaró improcedente la queja.
