El Gobierno de José Jerí amplía el estado de emergencia en Lima y Callao y mantiene la presencia de las Fuerzas Armadas en apoyo a la PNP. Al mismo tiempo, también extiende la medida en cuatro provincias del norte del país.
El Consejo de Ministros aprobó una nueva prórroga de 30 días del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao. Esta decisión mantiene vigente el régimen excepcional y la participación de las Fuerzas Armadas en labores de apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP). Según informó José Jerí, la medida sigue las recomendaciones de los organismos de seguridad.
La medida forma parte de la estrategia oficial frente a la inseguridad ciudadana y el crimen organizado. Sin embargo, el Ejecutivo no presentó un balance público con indicadores que permitan evaluar el impacto de las sucesivas ampliaciones del estado de emergencia en la reducción de delitos.
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El decreto supremo dispone, además, la extensión por 60 días del régimen excepcional en las provincias de Tumbes y Zarumilla (Tumbes), así como en Trujillo y Virú (La Libertad). Estas zonas están catalogadas por el propio Gobierno como áreas de alta incidencia delictiva.
Con ello, la administración de José Jerí continúa priorizando la restricción temporal de derechos como eje central de su política de seguridad. Sin embargo, no anuncia modificaciones estructurales en la estrategia vigente.
¿Qué derechos se restringen con el estado de emergencia?
Durante el estado de emergencia, quedan suspendidos temporalmente derechos constitucionales vinculados a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y el libre tránsito. Todo esto es conforme al artículo 137 de la Constitución.
El control del orden interno sigue a cargo de la PNP, con respaldo de las Fuerzas Armadas en patrullajes y operativos focalizados en zonas priorizadas. Esto se decide a partir de inteligencia policial, estadísticas y mapas del delito.
Continuidad de operativos y control territorial
El Gobierno señaló que reforzará acciones en seguridad e inteligencia, así como el control penitenciario y territorial. No obstante, el decreto no detalla cambios sustantivos respecto a las disposiciones aplicadas en anteriores ampliaciones del estado de emergencia.
