Sometiéndose a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Poder Judicial declaró infundado el recurso presentado por la defensa de ocho exintegrantes del Ejército peruano, que solicitaba la aplicación de la Ley de Amnistía para miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa por delitos vinculados a la lucha contrasubversiva entre 1980 y 2000.

Cabe recordar que esta norma fue promovida por el Congreso y promulgada por el gobierno de Dina Boluarte en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un acto de intromisión, solicitó a los jueces abstenerse de aplicarla.

El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional decidió, mediante la aplicación del control difuso, dejar sin efecto la ley en el proceso contra ocho exmilitares, entre ellos Jaime Manuel Pando Navarrete y Alan Olivari Medina. Los acusados enfrentan cargos supuestos cargos de abuso de autoridad y tortura contra 15 comuneros de Antabamba (Apurímac) y Chumbivilcas (Cusco) en 1990.

“Las solicitudes de excepción de amnistía postuladas por la defensa de los acusados […] deben ser desestimadas, dado que la norma en cuestión limita a que los hechos atribuidos a los acusados sean esclarecidos en el curso regular del proceso penal, luego concluir con un pronunciamiento sobre el fondo y con ello -ambas partes- alcancen justicia en función a la verdad material que ha de fluir en la fase del juicio”, señala el fallo.

En ese sentido, la judicatura indicó que la Ley de Amnistía es “abiertamente inconstitucional y anticonvencional”. Frente a esta decisión, la defensa adelantó que presentará una apelación ante la instancia superior.

En relación con esta decisión, el primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), quien promovió la Ley de Amnistía desde la presidencia de la Comisión de Constitución, calificó de “prevaricadores” a los magistrados que optan por no aplicar dicha normativa.

“[Son] magistrados prevaricadores que no aplican leyes vigentes y que estamos en el mismo caso. Atacan a la Policía, atacan a las Fuerzas Armadas que derrotaron al terrorismo o que luchan contra la delincuencia y están a favor de los terroristas y los delincuentes”, sostuvo a la prensa.

Cabe señalar que la citada norma ponía fin a la persecución contra las fuerzas del orden que enfrentaron al terrorismo y que siguen procesados por cerca de 30 años.