A las 9:00 a.m. se reanuda la audiencia que definirá si el hermano de la presidenta recibe 36 meses de prisión preventiva en el marco del caso “Waykis en la Sombra”.
Este miércoles a las 9:00 a.m., se reanudará la audiencia crucial en la que el juez Richard Concepción Carhuancho determinará si se ordenan 36 meses de detención preventiva contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, en relación con el caso denominado “Waykis en la Sombra”.
El caso ha generado una gran expectativa, ya que el magistrado Carhuancho anunció que no aplicará la Ley N°32108, la cual modificó los criterios del delito de crimen organizado. Según explicó el juez, la decisión se basa en el principio de control difuso, al considerar que la norma contraviene la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos.
“La mayoría de los delitos excluidos por esta ley afectan la administración pública. Fue una legislación creada con nombre propio para favorecer a ciertos grupos, y tuvo consecuencias negativas”, sostuvo el juez. La mencionada ley, que fue promovida en el Congreso por Waldemar Cerrón, vicepresidente del Parlamento y hermano del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, ha sido objeto de críticas por su supuesto sesgo para beneficiar a personas investigadas por crimen organizado.
El juez Carhuancho recordó que el propio Waldemar Cerrón, quien también enfrenta investigaciones por organización criminal, presentó un recurso basándose en la Ley N°32108 para buscar su exoneración. Asimismo, destacó que esta norma fue utilizada por otros procesados en casos de alto perfil, como el exjuez César Hinostroza, implicado en la red de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, quien intentó usar la ley para ser excluido de las acusaciones.
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“La ley fue diseñada y aprobada con el propósito de proteger a funcionarios públicos y apartarlos de la competencia de jueces especializados en delitos de organización criminal, redirigiendo los casos a juzgados comunes”, subrayó Carhuancho durante la audiencia.
La decisión del juez se espera con gran interés, ya que podría marcar un precedente en el manejo de casos relacionados con la corrupción y el crimen organizado en el país. Los detalles de la audiencia se podrán seguir en tiempo real, dado el impacto y la relevancia del proceso judicial en curso.
