Fiscalía pide 35 años de cárcel para el expresidente, pero su defensa alega falta de pruebas.
El Poder Judicial admitió a trámite la apelación presentada por la defensa del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en el caso Westfield Capital, decisión que retrasará el inicio del juicio oral. El abogado Julio Midolo explicó que la medida busca cuestionar la tipificación del delito de lavado de activos imputado por la Fiscalía y podría llevar a que Kuczynski sea retirado del proceso si la sala resuelve a su favor.
En entrevista con Canal N, Midolo señaló que, debido a la costumbre de los jueces de esperar la resolución de todos los recursos pendientes, la instalación del juicio podría programarse recién a inicios de 2026. El letrado subrayó que la carga procesal del Poder Judicial es elevada, lo que también dilata los plazos.
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El exmandatario, que cumplirá 86 años en octubre de 2025, atraviesa problemas de salud que complican su situación. Según su defensa, padece afecciones cardíacas y circulatorias, tiene una prótesis en la aorta, un marcapasos, limitaciones de movilidad y un cuadro de depresión.
La Fiscalía ha solicitado contra PPK una condena de 35 años de prisión y el pago de más de 46 millones de dólares de reparación civil, junto con su socio Gerardo Sepúlveda. La defensa calificó la acusación de desproporcionada y sostuvo que no se ha probado la procedencia ilícita de los fondos relacionados a Westfield Capital, ni que PPK ejerciera funciones públicas en las fechas de las asesorías atribuidas a Sepúlveda.
El abogado también cuestionó la actuación de un fiscal que se negó a aplicar la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional la ley de extinción de dominio en casos previos a 2018. Esto afecta directamente el caso de la vivienda de Kuczynski en Cieneguilla, que fue desmantelada durante la investigación. Midolo anunció que podrían presentar denuncias por prevaricato y abuso de autoridad contra el fiscal si persiste en mantener el proceso abierto.
La acusación contra PPK y Sepúlveda se centra en presuntos pagos de más de 8.6 millones de dólares recibidos a través de las empresas Westfield Capital, First Capital y Dorado Asset Management, vinculados a proyectos como Camisea, Trasvase Olmos, IIRSA Sur y Vías Nuevas de Lima. El caso fue derivado a un Juzgado Penal Colegiado, que deberá determinar la responsabilidad penal de los implicados.
