Solo el 1% de los denunciados por delitos son menores de edad, según cifras del Ministerio Público.
El Congreso aprobó una polémica ley que permitirá juzgar a adolescentes de 16 y 17 años como adultos en casos de delitos graves. Sin embargo, expertos nacionales e internacionales critican esta medida, calificándola de contraproducente y contraria a los principios de la justicia juvenil. Según el portal estadístico del Ministerio Público, los menores de 18 años representan solo el 1.5% de las denuncias por crímenes en el país, lo que deja al Perú entre los índices más bajos de participación juvenil en la criminalidad en América Latina.
Para Alejandro Morlachetti, experto de Unicef, la criminalización de adolescentes no solo es innecesaria, sino también dañina. Cita investigaciones de Harvard que señalan una reincidencia delictiva del 70% al 75% entre menores encarcelados en sistemas penales adultos. «En lugar de rehabilitarse, los adolescentes permanecen atrapados en un ciclo de violencia», afirmó.
Por su parte, Beatriz Gamarra, oficial de protección de Unicef en Perú, resaltó que los adolescentes involucrados en delitos suelen provenir de entornos vulnerables, marcados por violencia familiar, abandono escolar y trabajo infantil. «El Estado debe atacar las raíces del problema, no aplicar sanciones que no resuelven estas causas», señaló.
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Además, Gamarra explicó que el contacto frecuente de adolescentes con el sistema penal incrementa la probabilidad de que se identifiquen con el crimen como parte de su personalidad. Por ello, recomendó medidas alternativas como programas de reinserción en lugar de encarcelamientos prolongados.
Carmen Lagos, psiquiatra de la Pontificia Universidad Católica de Chile, destacó que la adolescencia es un periodo crítico para el desarrollo cerebral y emocional. Tratar a los adolescentes como adultos en el sistema penal podría perpetuar la impulsividad y los comportamientos violentos. «Es una etapa de transformación; aún tienen capacidad de cambio si se les brinda un entorno adecuado», añadió.
Especialistas coinciden en que esta nueva legislación no solo contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño, a la que Perú está suscrito, sino que también compromete los esfuerzos por garantizar un trato punitivo diferenciado para adolescentes. «Es urgente abordar el problema desde una perspectiva integral que incluya prevención, educación y políticas sociales efectivas», concluyó Javier Álvarez, representante de Unicef en Perú.
