Para anular prisión preventiva de 18 meses
El juez Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán, del Quinto Juzgado Constitucional de Lima, admitió a trámite el habeas corpus planteado por el golpista expresidente Pedro Castillo con el que pretende anular la prisión preventiva por 18 meses que se le dictó en el marco de la investigación fiscal por rebelión —alternativamente conspiración—, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
Ello a raíz del fallido golpe de Estado que intentó perpetrar el exmaestro el miércoles 7 de diciembre de 2022.
Según la resolución, la demanda fue interpuesta contra la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia y el Congreso de la República.
Una de las pretensiones de Castillo Terrones es anular la resolución del Congreso N.º 002-2022-2023-CR, con la que se le levantó la prerrogativa de antejuicio político sin llevarse a cabo el procedimiento de acusación constitucional. El exmandatario alega que los parlamentarios “no pueden dejar sin efecto el derecho a antejuicio político por encontrarse en flagrancia delictiva” y recuerda que en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sí se procesa por este mismo caso a los exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez.
Congreso aprueba eliminar el voto de confianza a gabinetes
El pleno del Congreso aprobó la reforma constitucional propuesta por la Comisión de Constitución que plantea la eliminación del voto de confianza luego de la presentación de un nuevo Gabinete ministerial.
Sin embargo, ya que el dictamen alcanzó 75 votos a favor, 46 en contra y ninguna abstención, deberá ser sometido a referéndum ciudadano.
Como se sabe, las reformas constitucionales, tal como establece el artículo 206 de la Constitución y el artículo 81 del Reglamento del Congreso, deben ser aprobadas, por lo menos, con 87 votos parlamentarios en dos legislaturas. De no ser el caso, deben contar con el voto favorable de, por lo menos, la mitad más uno del número legal de congresistas, es decir, con 66 votos, tras lo cual deben ser sometidas a consulta popular.
El dictamen de la Comisión de Constitución del Congreso, aprobado en mayoría, plantea la reforma del artículo 130 de la Carta Magna que establece que, dentro de los 30 días de haber asumido funciones, el presidente del Consejo de Ministros y el Gabinete se presentan ante el Pleno para «exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión», lo cual «plantea el efecto» de cuestión de confianza.
