En las primeras ocho audiencias del caso cócteles, el fiscal expone evidencias de una presunta organización criminal, mientras la defensa de Fujimori y Fuerza Popular admite aportes no declarados pero los justifica como medidas de protección a los donantes.
El juicio contra Keiko Fujimori y el partido Fuerza Popular ha avanzado a lo largo de ocho audiencias realizadas entre el 1 y el 24 de julio, donde el fiscal José Domingo Pérez y su equipo han presentado una serie de pruebas que, según ellos, demuestran la existencia de una organización criminal dedicada al lavado de dinero mediante el sistema político peruano.
El Ministerio Público ha destacado la presentación de más de 1,500 testigos y más de 5,000 documentos, argumentando que estos elementos prueban la recepción de millonarios aportes de empresas como Odebrecht, Credicorp y Rassmuss, entregados en efectivo y ocultados tanto al público como a las autoridades electorales. Según el fiscal, el partido Fuerza 2011, hoy conocido como Fuerza Popular, habría empleado diversas estrategias para esconder estas donaciones, incluyendo el uso de falsos aportantes, rifas, cenas y cócteles simulados.
A pesar de la contundencia de las pruebas presentadas, la fiscalía ha sido criticada por no explicar detalladamente cómo estas pruebas establecen la existencia de una organización criminal con una estructura jerárquica y fines ilícitos. Además, persiste la interrogante de en qué momento y de qué manera los acusados habrían tomado conocimiento de la procedencia ilícita de los fondos recibidos.
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En el otro lado de la sala, la defensa de los 40 acusados, incluidos Keiko Fujimori y la empresa MVV Bienes Raíces, ha adoptado una estrategia dual. Por un lado, algunos abogados han admitido la existencia de aportes no declarados, pero argumentan que estos fueron hechos para proteger a los donantes y sus negocios lícitos en un país políticamente fraccionado. Por otro lado, otros abogados niegan cualquier actividad ilícita o argumentan desconocimiento de la ley.
El juicio ha sido un escenario de intensos debates y estrategias legales. La defensa ha intentado convertir las debilidades de la fiscalía en fortalezas, planteando dudas razonables sobre la clasificación de los hechos como parte de una organización criminal. También han cuestionado la procedencia exacta del dinero, subrayando que Credicorp y las empresas del grupo Rassmuss siguen operando lícitamente y no han denunciado fraudes.
El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, compuesto por los jueces Juana Mercedes Caballero, Nayko Coronado y Max Vengoa, ha mostrado una actitud pragmática, evitando dilaciones innecesarias y asegurando que el proceso se desarrolle de manera ordenada y eficiente. La próxima audiencia se llevará a cabo el 7 de agosto, donde se espera el inicio del desfile de testigos que podrían extenderse durante varios meses.
A medida que el juicio avanza, tanto la fiscalía como la defensa se preparan para desplegar todas sus cartas. La atención pública sigue centrada en este caso emblemático, que promete tener un impacto significativo en la política y la justicia peruana.
