Con el ‘fujishock’ del 8 de agosto de 1990, Alberto Fujimori estableció los cimientos de lo que después sería la Constitución de 1993, un documento que se ha mantenido vigente hasta el día de hoy.
La Constitución Política del Perú entró en vigor el 29 de diciembre de 1993 y fue ratificada en el referéndum del 31 de octubre de 1993 y su texto fue aprobado por el Congreso Constituyente Democrático (CCD) que contaba con 80 representantes de diferentes fuerzas políticas.
El exministro de Economía, Carlos Oliva, comenta que la llegada de la Constitución de 1993 tuvo la gran virtud de “contener un capítulo económico que realmente le cambió la cara al país, un pilar fundamental para poder crecer a tasas altas y reducir la pobreza, mediante la generación de una clase media”.
El también expresidente del Tribunal Fiscal recuerda que la Carta Magna de Fujimori, además de prohibir el financiamiento del sector público por parte del BCRP, restringe la iniciativa de gasto del Congreso de la República y promueve el esperado rol subsidiario del Estado, es decir, que el Estado solo invierte donde el privado no quiere o no puede.
“Se logró dejar de lado a las empresas públicas, todas deficitarias y que drenaban la estabilidad fiscal del país, diciendo que solo por ley se podía crear una empresa de este tipo”, explica Oliva.
NO SE CUMPLE
En esta línea, Oliva asegura que los actuales problemas económicos de la población responden a que no se ha cumplido con los seis parámetros del artículo 58 de la Constitución de 1993, donde se le atribuyen responsabilidades al Estado peruano que no han sido cumplidas al día de hoy a cabalidad. Entre ellas, se encuentran educación, salud, seguridad ciudadana, infraestructura, agua y saneamiento, y promoción del empleo.
“Hay un artículo 58 que delimita las responsabilidades del Estado, que no han sido cumplidas. Este artículo le da al Estado responsabilidades sobre seis temas. Uno puede revisar uno por uno, y el Estado no ha sido capaz de cumplir con ninguno. Los problemas que tenemos ahora no son por la Constitución de 1993, es todo lo contrario, es por no cumplirla”, refiere.
CRECIMIENTO
Con la puesta en marcha de la Constitución del 93, Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y director ejecutivo de Videnza Instituto, indicó que hasta antes de la pandemia de la Covid-19, el PBI del país se incrementó 2.5 veces y su crecimiento promedio fue de 4.5 % en los últimos 30 años. Esto hizo que el Perú sea la segunda economía más dinámica de América Latina.
El economista también remarcó que el país tuvo la mayor caída en pobreza de 40 puntos; y las exportaciones se multiplicaron por 12, también la inversión extranjera directa en el país se multiplicó 75 veces, las reservas internacionales netas se multiplicaron más de 20 veces y la inflación en promedio fue la más baja 2.5% en promedio.
Ante estos resultados, el exministro explicó que los beneficios del actual modelo económico originado por la Constitución de 1993 han sido múltiples, incluso se pueden ver en una transformación de la economía del país bastante importante en comparación a nuestros vecinos de la región.
“La actual Constitución le ha dado un atractivo al país que permite a la inversión ingrese, genere empleo, divisas e impuestos que luego son utilizados por el gobierno para beneficiar a la población”, remarcó Castilla.
BENCARROTA
Antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1993, el especialista de Videnza Instituto remarcó que el país estuvo en bancarrota y se convirtió en un paria, debido a que Alan García en su primer gobierno declaró la moratoria del servicio de la deuda, por lo que el país no recibía recursos de ningún lado.
“No había financiamiento externo del país, y ante la bancarrota del Estado peruano, con reservas internacionales negativas, se tuvo que reconstruir los cimientos económicos del país bajo los principios del capítulo económico de la Constitución”, enfatizó el exministro de Economía y Finanzas.
SENTÓ LAS BASES
En tanto, Jaime Dupuy, gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de ComexPerú, comentó que la Constitución Política de 1993 ha asentado las bases para que, con gobiernos competentes y honestos, los peruanos gocen de servicios públicos y una línea base de oportunidades que permitan desarrollase según su propio esfuerzo.
Dupuy, sin embargo, subrayó que, para ello, se necesita un servicio público competente y con vocación. “Y eso, como ciudadanos, debemos exigirlo siempre, sobre todo pensando en el cierre de brechas en las zonas más vulnerables. El desarrollo de cada uno es el desarrollo de todos”, añadió.
Dupuy señaló que los más de 30 años de vigencia, con sus sucesivas modificaciones e interpretaciones del Tribunal Constitucional, la han legitimado.
SOLIDEZ
Ahora, tampoco es cierto que la Constitución de 1993 se haya mantenido indemne desde su creación. Este documento oficial ha sufrido muchos cambios desde entonces, aunque uno de los capítulos que ha mantenido la solidez con que fue diseñado es, precisamente, el referido al rol subsidiario del Estado y la disciplina macroeconómica.
Tras la llegada de Fujimori al poder, se dio una salida progresiva del Estado empresario a través de las privatizaciones, con una mayor participación del sector privado en la estructura nacional.
En el siglo 21, Perú ha sido el país con más crecimiento en la región, lo cual ha permitido reducir la pobreza desde 2004 -cuando se hizo la primera medición-. Pasamos de casi el 60% a 20% en 2019, un plazo relativamente corto.
