Pablo Carranza

– ¿Qué lectura tiene usted sobre el caos que se ha desatado, a partir de los errores de la ONPE en las elecciones 2026?

Definitivamente hay gravísimos indicios de fraude, el objetivo ha sido alejar físicamente al elector de su opción de voto y eso se debe, a que definitivamente se sabía que las mesas de Lima iban a beneficiar directamente a tres partidos: Fuerza Popular, Renovación Popular y País para Todos. Entonces, ha habido un propósito clarísimo de obstruir ese sentir popular. Esto lo hicieron quienes quieren o prefieren, de hecho, un sector vinculado a la izquierda porque los beneficiados directos son los partidos de izquierda, que ya tienen una minoría consistente en el Senado y podrían ser una opción para la segunda vuelta. Definitivamente, ellos son los grandes beneficiados pues no ha habido problemas de acceso a mesas en aquellos lugares donde ellos tienen preferencias electorales.

– ¿Cuánta responsabilidad tiene Piero Corvetto?

Muy grande, muy alta. Es una persona que tiene que ser investigada profundamente pues los problemas existentes abarcan no solamente la cadena logística sino también la planificación, la supervisión, la fiscalización y el propio proceso electoral, y todo eso le correspondía, él debía estar al tanto de lo que acontecía. ¿Cómo es posible, que días antes no se dé cuenta de eso cuando la ley exige que el material esté desde la noche anterior? Que todas las mesas o que todos los colegios tengan ya el material electoral. ¿Dónde está la supervisión previa? ¿Dónde ha estado el check-list que tiene que hacer de todas las actividades de la planificación? Este señor es culpable porque ha saltado esos pasos. Él antes que cualquiera de nosotros ha tenido que estar enterado que no había material en los diversos colegios. Ese era su único trabajo, esa es su preocupación y no lo hizo bien, por lo tanto él es responsable.

– ¿Corvetto merece ir a la cárcel?

Lo que pienso es que el Jurado Nacional de Elecciones le ha planteado una denuncia de índole penal. Puede terminar en la cárcel o puede que no, pero era claro que no debía continuar al frente de la ONPE. Y no es la primera vez. Ya en el 2021, cometió una serie de errores y en el 2026 también, entonces, ya destruyó la confianza. La percepción de la gente es que hay un fraude o que por lo menos se está conduciendo mal el proceso.

– ¿Los derechos fundamentales de los peruanos han sido afectados por lo sucedido el 12 de abril?

Un derecho fundamental es el derecho a elegir a sus gobernantes, y han sido violados los derechos de 6’300,000 peruanos. Si eso nos parece poca cosa, mejor desaparezcamos como país. No hay nada más que desarrollar, decir otra cosa sería palabreo. Es un derecho fundamental. Es la elección, no hay otro. O sea, ese es el punto sobre el cual está girando todo.

– ¿Qué opina de lo señalado por organizaciones como la ONG Transparencia e Ipsos, que no hubo fraude ni nada irregular?

Una cosa es lo que ellos puedan opinar y otra cosa es la realidad, y la realidad desmiente cada una de sus palabras. Ellos también están perdiendo credibilidad ante la opinión pública, sobre todo Transparencia que es un órgano de la sociedad civil y no tiene ningún tipo de influencia legal, ni cosa por el estilo. O sea, es simple y llanamente como cualquier ciudadano que se exprese. Su opinión vale tanto como la de cualquier ciudadano. Lamentablemente por sus fallos los conoceréis, yo veo que no están siendo lo suficientemente objetivos. Todo el país ha visto como las mesas se han abierto a las dos de la tarde. Por lo tanto, eso merece una condena y no es normal. Nunca ha sucedido.