Por: Iván Pedro Guevara Vásquez / LOS ANTECEDENTES.- Desde el grito de Córdoba que impulsó la reforma universitaria en el año 1918 en sede argentina y con proyección latinoamericana, ha estado en el centro del debate en los claustros académicos y en los círculos político-sociales el tema de la autonomía y el cogobierno universitario. La característica pública de las universidades involucradas en la reforma era evidente en el contexto de las luchas sociales que caracterizaron a la época frente a democracias incipientes y gobiernos autocráticos, ya sea de derecha o de izquierda.
En el Perú, en la década de 1990, en medio de la devastación y atraso sufridos por las universidades públicas ante el levantamiento de movimientos subversivos que emplearon métodos terroristas, como Sendero Luminoso-PCP y el MRTA, contra el Estado y la sociedad, urgían cambios, y el primer gobierno del ahora sentenciado Alberto Fujimori Fujimori decidió que era menester intervenir las universidades. Y así queda en la memoria su ingreso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con fecha 21 de mayo de 1991. Entre los miembros del ejército nacional que pintaban encima de las consignas senderistas y los integrantes de Sendero y del MRTA que querían imponer a la fuerza sus creencias ideológicas a los alumnos, esa imagen marcó una época; pero a la vez significó una nueva oportunidad para las universidades públicas que estaban perdiendo sobremanera frente a las universidades privadas no asfixiadas por maratónicas huelgas de docentes y no docentes universitarios, al punto que se empezaba a estudiar el primer ciclo de estudios luego de haber ingresado hace más de un año en rigurosos concursos públicos de mérito.
El dilema de respetar o no la autonomía universitaria con el ingreso a las universidades públicas del presidente constitucional de la República apoyado por el ejército peruano se resolvió en un juicio de ponderación por la necesidad de garantizar un bien mayor: la democracia política.
Si bien la mayoría de estudiantes de las universidades públicas habría estado de acuerdo con la expulsión de elementos radicales que habrían llegado a amenazar y/o violentar a las autoridades y a los estudiantes universitarios, no hubo “carta blanca” alguna para con la presencia de elementos del ejército en los campus de las universidades públicas. No hubo aprobación incondicional. Los salvadores tenían que irse, en respeto de la autonomía y del cogobierno universitarios.
Pasados unos pocos años, ya en el segundo gobierno consecutivo de Fujimori Fujimori, hay un cambio de óptica en el modo de comprender el fenómeno universitario, debido a que se asume que los empresarios pueden invertir directamente en la educación a través de las universidades empresas, de estructura societaria mercantil, para lo cual se publica el Decreto Legislativo N° 882, titulado “Ley de Promoción de la Inversión en la Educación”, con fecha 9 de noviembre de 1996.
Las universidades privadas que tenían la forma de asociaciones civiles sin fines de lucro van a ser acompañadas por universidades de estructura empresarial con fines de lucro. La educación sería una mercancía.
(*) Abogado – consultor político
