Subdirector de La Razón
Honoré de Balzac decía: «Las leyes injustas son la telaraña a través de la cual pasan las moscas grandes y las más pequeñas quedan atrapadas».
Mientras andamos entretenidos por renuncias de los “Avengers”, el Gobierno está maniobrando, junto al gremio empresarial, modificar el Decreto de Urgencia 003-2017, el cual impide que los dineros producto de prácticas corruptas cometidos por empresas, como es el caso de Odebrecht y sus socias, salgan del país.
Hace unos días, el presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Mario Mongilardi, invocó al Poder Ejecutivo a modificar el Decreto de Urgencia N° 003, que vence el 13 de febrero, con el argumento que “paraliza las transferencias de las empresas vinculadas al caso Lava Jato para garantizar el pago de la reparación civil”.
Acogiendo este pedido la ministra de Economía y Finanzas, Claudia Cooper, adelantó que el MEF está trabajando en una nueva norma que reemplace al Decreto de Urgencia 003, la cual debe ser más equilibrada para hacer viables a las empresas.
«El Decreto de Urgencia está por vencer, nosotros estamos trabajando en un D.U. que tiene que generar un equilibrio muy importante. Tenemos que darle viabilidad (a las empresas), solo las 9 empresas constructoras más grandes emplean a 53 mil trabajadores y tienen más de 1,000 millones de soles de deudas bancarias, con lo cual se verían complicadas», indicó.
En noviembre del 2017, el Pleno del Congreso aprobó modificar el Decreto de Urgencia 003-2017 para que las empresas peruanas que actuaron como socias o consorciadas con la empresa brasileña Odebrecht sean comprendidas en la retención de sus utilidades mal habidas sobre contratos vigentes con el Estado con la finalidad de asegurar la reparación civil y asegurar la cadena de pagos a los trabajadores y contratistas por un plazo de seis años.
Cabe señalar que el ex directivo de Odebrecht Jorge Barata afirmó que las empresas peruanas Graña y Montero y J.J. Camet sí sabían de las coimas del consorcio brasileño a cambio de obtener contratos con el Estado.
En ese contexto hay que estar alertas, bajo el argumento de darle viabilidad, las empresas constructoras implicadas en casos de corrupción podrían beneficiarse. Ello, gracias a lobbies empresariales y teniendo a un Gobierno que cede fácilmente.
