Señaló la ministra de Educación, Miriam Ponce
La ministra de Educación, Miriam Ponce, informó que el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley presentado por el Ministerio de Educación (Minedu) que dispone la inhabilitación permanente de los docentes denunciados por hostigamiento sexual y la imprescriptibilidad de esta falta en el sector con el fin de impedir el retorno de maestros sancionados por hechos de este tipo.
Asimismo, señaló que la iniciativa legislativa, que modificará la Ley de Reforma Magisterial, evitará que los hechos de hostigamiento sexual prescriban y que los docentes involucrados en estos casos queden impunes a nivel administrativo disciplinario.
“Nuestra principal preocupación son los niños y adolescentes y seguiremos trabajando para proteger a los estudiantes y fortalecer las instituciones educativas para hacer de ellas lugares seguros libres de violencia”, anotó luego de participar en la ceremonia de inauguración de la Semana de la Educación Tributaria y Lucha contra el Contrabando que organiza la SUNAT, realizada en el colegio Melitón Carvajal.
La normativa vigente establece como sanción para el docente involucrado en actos de hostigamiento sexual la destitución de la Carrera Pública Magisterial y su inhabilitación por cinco años. Sin embargo, después de este periodo, el docente sancionado podría retornar a la institución educativa para laborar en calidad de docente contratado o personal administrativo, así como realizar labores en el sector privado en entidades relacionadas con la educación.
El proyecto de ley pone fin a dicha situación e impide que el docente desarrolle cualquier tipo de labor en instituciones públicas y privadas de la Educación Básica y Educación Técnico-productiva de manera permanente, así como en las demás instancias de gestión educativa descentralizada.
“Hasta la fecha, los docentes que han tenido este tipo de denuncias no podían regresar a las aulas, pero si a cargos administrativos, lo que no les impedía estar dentro de las escuelas. Lo que estamos haciendo con este proyecto de ley es, precisamente, garantizar que ningún maestro que haya atentado contra nuestros niños pueda volver a la escuela o a cualquier otra instancia de gestión, sea local o regional”, explicó.
